21 marzo, 2012
Dos centrales sindicales de España, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), han convocado conjuntamente una huelga de 24 horas para el 29 de marzo, como respuesta a una reforma de la legislación laboral, que ya está en vigor por decreto del 10 de febrero, emitido por el Consejo de Ministros, el cual tiene pendiente su validación parlamentaria.
El 9 de marzo, los comités ejecutivos de la CCOO y de la UGT, reunidos por primera vez en la historia, accedieron a la huelga general después de que el Partido Popular, que es el partido de gobierno, se negara a realizar negociaciones sobre unas 30 enmiendas de la draconiana legislación laboral que habían propuesto las confederaciones señaladas.
La convocatoria de huelga, que Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de la CCOO, y Cándido Méndez, Secretario General de la UGT, calificaran de "justa, inevitable y necesaria", está dirigida también contra las medidas de austeridad que se cree que va a anunciar el Primer Ministro Mariano Rajoy.
Se cree que, el 30 de marzo, el gobierno publicará su presupuesto para 2012, que contiene recortes sin precedentes del gasto público, de €35 mil millones, según lo recomendado por la Unión Europea.
Sin embargo, es la reforma laboral antisocial la razón principal de la huelga general, anticipándose a esa acción general tres días de acción, de los cuales el último fue el 11 de marzo. Las centrales han calificado las reformas como el mayor ataque contra la legislación laboral que se ha visto en el periodo democrático de la España post-fascista.
Concretamente, la nueva legislación debilita la negociación colectiva, tanto a nivel regional como a nivel nacional, ya que da prioridad a los acuerdos laborales a nivel de las empresas, permitiendo a los empleadores rebajar en forma unilateral los sueldos por razones de competitividad y productividad, así como otorga a los administradores libertad para modificar en forma unilateral las horas y condiciones de trabajo.
Se ofrece a los empleadores la oportunidad de utilizar contratos de "prácticas profesionales” que les permite despedir a los trabajadores que llevan menos de un año trabajando, sin tener que pagar indemnización alguna. También reduce los beneficios de desempleo, hace más fácil despedir al personal, y promueve otras formas de trabajo precario.
Esta huelga general es la segunda que se ha registrado en España desde que comenzara la crisis financiera en 2008: la primera se declaró en 2010. Será la sexta huelga general que se conoce en España en este período de democracia.