9 junio, 2010En redadas casi simultáneas de las minas de Cananea y Pasta de Conchos, pertenecientes al Grupo México, el gobierno mexicano usa fuerzas de policía del Estado de Coahuila y federales para reocupar las minas, en flagrante violación de los derechos del sindicato Los Mineros, de los mineros en huelga y de las viudas enlutadas.
MÉXICO: Unas horas después de que el gobierno mexicano atacara a los trabajadores en huelga en una mina de Cananea, del Grupo México, a las 2.15 a.m. del lunes 6 de junio, 20 vehículos patrulla de las fuerzas del Estado de Coahuila escoltaron al Grupo México a la mina 8 de la unidad Pasta de Conchos, lo que permitió a la empresa volver a posesionarse de la mina.
El 19 de febrero de 2006 quedaron atrapados en la mina 65 mineros, cuando ocurrió una explosión de metano en el pozo 8 de la mina de Pasta de Conchos, del Grupo México. Muchos de los mineros que perecieron eran miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República de México (SNTMMSRM).
Este trágico suceso coincidió, precipitándola, con una serie de acciones, incluida la destitución ilegal de Napoleon Gómez de su cargo de secretario general del sindicato, a raíz de que él hubiera calificado el hecho de "homicidio industrial".
Sólo se han recuperado dos cadáveres de la mina de Pasta de Conchos, y las viudas y familiares de los muertos han seguido exigiendo el rescate a los mineros sepultados en el pozo y justicia respecto a las atroces condiciones de seguridad y salud que condujeron a la tragedia.
A pesar de que el gobierno federal suspendió todo el trabajo en la mina desde el accidente, al mismo tiempo le ha dado ahora al Grupo México permiso de reanudar la exploración y explotación de la mina de carbón. A las familias que se presentaron a la entrada de la mina a los minutos de haber llegado la policía federal, se les negó toda información, la entrada y la posibilidad de sacar fotografías.
Cananea
Entretando, los informes más recientes de Cananea, donde los mineros han estado en huelga desde julio de 2007, por masivas violaciones de las normas de seguridad y salud de esa mina de carbón, notoriamente peligrosa, del Grupo Mexico, indican que la policía federal ha vuelto a tomar posesión de la mina.
Alrededor de las 10 p.m. del sábado, un destacamento de cerca de 2.000 policías federales entró en la población de Cananea. Unos 400 de ellos se dirigió a las entradas de la mina y lanzó gas lacrimógeno a los sindicalistas que las estaban defendiendo. En determinado momento se prendió fuego al edificio administrativo al lado de la entrada de la mina.
La policía lanzó entonces gas lacrimógeno a la oficina del sindicato, obligando a los trabajadores que se encontraban dentro a huir por una puerta lateral. La oficina del sindicato está actualmente bajo control del gobierno.
Se han recibido informes de que dos miembros del sindicato han sufrido heridas y posiblemente han muerto, aunque no se han indicado nombres. El SNTMMSRM ha informado que tres trabajadores tenían heridas de proyectiles, mientras que otros han sido golpeados o están sufriendo los efectos del gas lacrimógeno.
Se han expedido órdenes de arresto contra dirigentes sindicales, entre ellos Sergio Tolano Lizárraga, secretario general de la Sección 65 del sindicato, Juan Gutiérrez Ballesteros, delegado de Sonora del Comité Ejecutivo Nacional, y Jacinto Martínez, miembro del comité ejecutivo local. Anoche Tolano ganó un requerimiento judicial contra la orden de arresto.
La policía federal arrestó a cinco sindicalistas: Rodolfo Valdez Serrano, Everardo Ochoa Ballesteros, Luis Alonso Borbón Pérez, Luis Alonso Torres y Marcelo Lara López.
El lunes, el gobernador de Sonora, el presidente ejecutivo del Grupo México y Javier Lozano, secretario del Trabajo y Previsión Social, convocaron una conferencia de prensa para anunciar un proyecto de infraestructura de $5.000 millones en Cananea. La empresa ofreció además un pago a los trabajadores en huelga, conforme al convenio colectivo (aproximadamente seis veces la cantidad requerida legalmente) a condición de que ellos aceptaran el dinero a más tardar el viernes 11 de junio. El sindicato ha dicho que los trabajadores rechazarán la oferta de indemnización, ya que su huelga sigue vigente legalmente.
Hoy, 8 de junio, la FITIM y la ICEM enviaron cartas al presidente Calderón, instando al gobierno de México a suspender inmediatamente el uso de la fuerza contra trabajadores que están defendiendo sus derechos legal y legítimamente.
El 19 de febrero de 2006 quedaron atrapados en la mina 65 mineros, cuando ocurrió una explosión de metano en el pozo 8 de la mina de Pasta de Conchos, del Grupo México. Muchos de los mineros que perecieron eran miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República de México (SNTMMSRM).
Este trágico suceso coincidió, precipitándola, con una serie de acciones, incluida la destitución ilegal de Napoleon Gómez de su cargo de secretario general del sindicato, a raíz de que él hubiera calificado el hecho de "homicidio industrial".
Sólo se han recuperado dos cadáveres de la mina de Pasta de Conchos, y las viudas y familiares de los muertos han seguido exigiendo el rescate a los mineros sepultados en el pozo y justicia respecto a las atroces condiciones de seguridad y salud que condujeron a la tragedia.
A pesar de que el gobierno federal suspendió todo el trabajo en la mina desde el accidente, al mismo tiempo le ha dado ahora al Grupo México permiso de reanudar la exploración y explotación de la mina de carbón. A las familias que se presentaron a la entrada de la mina a los minutos de haber llegado la policía federal, se les negó toda información, la entrada y la posibilidad de sacar fotografías.
Cananea
Entretando, los informes más recientes de Cananea, donde los mineros han estado en huelga desde julio de 2007, por masivas violaciones de las normas de seguridad y salud de esa mina de carbón, notoriamente peligrosa, del Grupo Mexico, indican que la policía federal ha vuelto a tomar posesión de la mina.
Alrededor de las 10 p.m. del sábado, un destacamento de cerca de 2.000 policías federales entró en la población de Cananea. Unos 400 de ellos se dirigió a las entradas de la mina y lanzó gas lacrimógeno a los sindicalistas que las estaban defendiendo. En determinado momento se prendió fuego al edificio administrativo al lado de la entrada de la mina.
La policía lanzó entonces gas lacrimógeno a la oficina del sindicato, obligando a los trabajadores que se encontraban dentro a huir por una puerta lateral. La oficina del sindicato está actualmente bajo control del gobierno.
Se han recibido informes de que dos miembros del sindicato han sufrido heridas y posiblemente han muerto, aunque no se han indicado nombres. El SNTMMSRM ha informado que tres trabajadores tenían heridas de proyectiles, mientras que otros han sido golpeados o están sufriendo los efectos del gas lacrimógeno.
Se han expedido órdenes de arresto contra dirigentes sindicales, entre ellos Sergio Tolano Lizárraga, secretario general de la Sección 65 del sindicato, Juan Gutiérrez Ballesteros, delegado de Sonora del Comité Ejecutivo Nacional, y Jacinto Martínez, miembro del comité ejecutivo local. Anoche Tolano ganó un requerimiento judicial contra la orden de arresto.
La policía federal arrestó a cinco sindicalistas: Rodolfo Valdez Serrano, Everardo Ochoa Ballesteros, Luis Alonso Borbón Pérez, Luis Alonso Torres y Marcelo Lara López.
El lunes, el gobernador de Sonora, el presidente ejecutivo del Grupo México y Javier Lozano, secretario del Trabajo y Previsión Social, convocaron una conferencia de prensa para anunciar un proyecto de infraestructura de $5.000 millones en Cananea. La empresa ofreció además un pago a los trabajadores en huelga, conforme al convenio colectivo (aproximadamente seis veces la cantidad requerida legalmente) a condición de que ellos aceptaran el dinero a más tardar el viernes 11 de junio. El sindicato ha dicho que los trabajadores rechazarán la oferta de indemnización, ya que su huelga sigue vigente legalmente.
Hoy, 8 de junio, la FITIM y la ICEM enviaron cartas al presidente Calderón, instando al gobierno de México a suspender inmediatamente el uso de la fuerza contra trabajadores que están defendiendo sus derechos legal y legítimamente.