11 octubre, 2017IndustriALL Global Union ha elaborado un informe para inversionistas, en el que les advierte sobre las posibles consecuencias financieras de las violaciones de los derechos humanos en la mina de Grasberg.
En la actualidad, Freeport está en prolongadas negociaciones con el gobierno de Indonesia sobre el control de la mina de Grasberg. El gobierno quiere tener una participación del 51% en la mina, y suspendió el permiso de exportación de Freeport para obligar a la compañía a entregar las acciones correspondientes.
Freeport respondió despidiendo a personal que labora en Grasberg, y con esta acción provocó una huelga. Los trabajadores/as han estado en huelga desde el 1o de mayo, y 4.200 han sido despedidos por la empresa.
La protesta más reciente de los trabajadores/as se registró el 7 de octubre, Día Mundial por el Trabajo Decente, cuando destacaron el problema actual del trabajo precario en Grasberg, exigiendo la reintegración de los trabajadores/as despedidos.
El mencionado informe para inversionistas llama la atención sobre la situación que se ha producido, destacando los enfrentamientos que se han visto y el hecho de que los trabajadores/as despedidos no tienen ingresos y desde hace cuatro meses se les ha negado crédito, alojamiento, educación y atención médica. A consecuencia de todo esto, se cree que varias personas han fallecido.
El informe destaca el riesgo que la situación supone para los inversionistas, y les pide hacer lo siguiente:
- Entablar un diálogo con Freeport-McMoRan, mencionando los presuntos abusos contra los derechos humanos en la mina Grasberg de esa empresa;
- Pedir a Freeport que informe cómo se está asegurando de que se respeten los derechos de los trabajadores/as de PTFI y que no se ponga en peligro la licencia social de las operaciones de la compañía;
- Preguntar a la empresa por qué no ha reincorporado a los trabajadores/as que fueron despedidos por su filial, PTFI, por haber ejercido su derecho de huelga;
- Preguntar a la empresa cómo se está asegurando de que no se produzca una crisis humanitaria debido a sus despidos en masa y la consiguiente pérdida de ingresos y servicios básicos para miles de familias.
Según se ha informado, el gobierno de Indonesia está a punto de llegar a un acuerdo con Freeport para obtener acciones de esa empresa. No está claro cuál de las partes tendrá control operacional sobre la mina ni cuáles serán las implicaciones del acuerdo para la fuerza de trabajo.
Por su parte, Kemal Özkan, Secretario General Adjunto de IndustriALL, señaló:
“Los inversionistas de Freeport deben informarse sobre la situación volátil que se ha creado en Grasberg, y exigir que la compañía resuelva el problema.
“La indiferencia irresponsable de Freeport respecto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras ha causado una crisis de derechos humanos en Grasberg. IndustriALL seguirá luchando hasta que se haya reintegrado a todos los empleados despedidos”.