4 febrero, 2020El 29 de enero, la Suprema Corte de Georgia ratificó las decisiones de dos tribunales inferiores que obligan a la planta química Rustavi Azot a reincorporar a 56 empleados y a pagar sus salarios adeudados durante los últimos tres años.
El juicio duró tres años y pasó por tres instancias judiciales, ya que la empresa apeló las decisiones de dos tribunales inferiores que fallaron a favor de los trabajadores despedidos. Los trabajadores fueron representados por el Sindicato de Trabajadores de la Metalurgia, la Minería y la Industria Química (TUMMCIWG), afiliado a IndustriALL Global Union, durante todo el proceso.
Tamaz Dolaberidze, presidente del TUMMCIWG, expresó:
“Fue una guerra de nervios, ya que le tomó un año y medio a la Corte Suprema considerar si tomar o no el caso apelado por la empresa por segunda vez y, finalmente, decidir que la decisión de la segunda instancia judicial permanecería en vigor. Mirando hacia atrás, vemos que la resolución de conflictos laborales debería llevarse a cabo mediante un arbitraje laboral especial para que los trabajadores no esperen años hasta que se resuelvan sus casos. Los sindicatos han estado pidiendo la creación de tales arbitrajes laborales durante muchos años, pero el problema persiste”.
El dirigente sindical expresó su gratitud hacia IndustriALL y sus afiliados por el apoyo internacional masivo, que incluyó cartas de solidaridad y la participación de dirigentes sindicales en las manifestaciones, lo que fortaleció a TUMMCIWG en sus acciones contra el comportamiento ilícito de Rustavi Azot y ayudó a obtener justicia para los 56 trabajadores despedidos ilegalmente.
Ahora, Rustavi Azot tiene que reincorporar a los 56 trabajadores y pagarles los salarios perdidos durante los últimos tres años por un monto total de GEL 2.000.000 (US$ 700.000).
Los trabajadores fueron despedidos en enero de 2017 cuando, durante un cambio de titularidad de la empresa, no se le renovó el contrato a 350 de los 2.300 empleados. Si bien la mayoría de ellos acordó recibir una indemnización de la empresa por un monto de GEL 1.200 GEL (US$ 415), 56 trabajadores decidieron buscar justicia a través del proceso judicial.
A los despidos masivos a principios de 2017 les siguieron acciones antisindicales en respuesta a las manifestaciones en contra de los despidos ilegales. Los nuevos contratos celebrados con los trabajadores restantes socavaron gravemente sus condiciones de trabajo. En febrero de 2017, el TUMMCIWG denunció la opresión enfrentada por los miembros del sindicato en la planta e IndustriALL llevó a cabo una acción de solidaridad internacional en apoyo de los trabajadores de Rustavi Azot.