18 julio, 2014Los sindicatos de Perú está luchando para impedir que un perjudicial paquete de incentivos económicos se convierta en ley. Con las medidas propuestas se pretende atraer inversión extranjera e impulsar el crecimiento a expensas de la salud y la seguridad en el trabajo y el medio ambiente.
El paquete de medidas fue aprobado por el Congreso el 3 de julio y podría convertirse en ley ya la próxima semana. La IndustriALL Global Union ha escrito al presidente peruano Ollanta Humala instándole a abandonar las medidas propuestas y a comprometerse con los sindicatos y otras partes interesadas a un debate sobre el crecimiento de la economía garantizando al mismo tiempo el pleno respeto de los derechos laborales, sociales y medioambientales.
En su carta, la IndustriALL hizo hincapié en la importancia de promover el desarrollo sostenible, para poder atender las necesidades del presente sin sacrificar las de las generaciones futuras.
En un intento por reactivar la economía, el gobierno de Ollanta está cediendo a la presión de los empleadores y dando marcha atrás a los avances conseguidos en sus tres años de administración.
En 2008, el entonces recién elegido gobierno promulgó una ley sobre salud y seguridad en el trabajo con la promesa de crear una nueva cultura de prevención de riesgos y de observancia por medio de comités obreropatronales de salud y seguridad. Los empleadores se resistieron a la aplicación de la ley, con resultados desastrosos: en los tres últimos años han muerto en accidentes laborales 436 trabajadores.
El Gobierno permite ahora a los empleadores que sigan su propio camino con una serie de medidas de reducción de costos que les permiten externalizar la prevención de accidentes a proveedores de servicios terceros, reducir la frecuencia de las pruebas de salud, limitar el tiempo de que disponen los sindicalistas para participar en cuestiones de salud y seguridad, y disminuir las multas y las sanciones penales en los casos de violación.
El Gobierno también está retrasando el reloj sobre la regulacion ambiental. Con los cambios propuestos se debilita al órgano de regulación OEFA y al Ministerio de Medio Ambiente, que se creó en 2008 como condición para la firma de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Con los cambios propuestos también se reducirán las multas en los casos de daño al medio ambiente y se agilizará el proceso de aprobación de permisos en sectores esenciales como la minería y la energía, con lo que es probable que aumenten los conflictos sociales por el uso de recursos naturales.