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Cerco sobre los sindicalistas, activistas de derechos humanos y políticos de la oposición en Zimbabue

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5 November, 2019Cuando Munashe Chirowamari salió de casa el 11 de octubre de 2018 para participar junto a sus compañeros sindicalistas en una manifestación organizada por el Congreso de Sindicatos de Zimbabue (ZCTU, por sus siglas en inglés) contra el deterioro de la situación económica del país, nunca hubiera imaginado que el Estado no reconocería su derecho a manifestarse.

“Nos encontrábamos en el balcón de las oficinas del ZCTU cuando la policía empezó a hostigar al presidente [del ZCTU, Peter Mutasa]. Pensé que sería buena idea que todos nos sentáramos o siguiéramos al presidente hasta el vehículo de la policía”.

“En ese momento, uno de los agentes me sacó a rastras y empezó a golpearme con una porra por todo el cuerpo. Después me metió a empujones en el coche de la policía, junto con el presidente y otros compañeros”,

relata a Equal Times.

“Nos golpearon durante todo el camino, hasta que llegamos a la comisaría, donde pasamos la noche antes de comparecer ante el tribunal al día siguiente”, añade. Chirowamari y otras seis personas detenidas ese día fueron acusadas de promover la intolerancia (palabras o actos que pueden constituir un delito contra el orden público), aunque posteriormente se retiraron los cargos.

El mes pasado, el presidente interino de la Asociación de Médicos de Hospitales de Zimbabue, el Dr. Peter Magombeyi, ocupó los titulares de los principales medios internacionales después de que presuntos agentes de seguridad del Estado lo sacaran de su domicilio en Harare y lo secuestraran por organizar una huelga de médicos del sector público para exigir mejores salarios.

Magombeyi fue localizado cuatro días más tarde en el lugar donde había sido abandonado, un monte a 40 kilómetros al oeste de Harare. Recibió tratamiento médico en Sudáfrica tras haber sido supuestamente torturado y envenenado por sus secuestradores.

Se agrava el ambiente de temor

Las historias de Chirowamari y Magombeyi son compartidas por cientos de sindicalistas, políticos de la oposición y activistas de derechos humanos cuyo derecho a reunirse libremente y asociarse es pisoteado por el Gobierno del partido Zanu-PF, actualmente encabezado por el presidente Emmerson Mnangagwa.

Aunque Zimbabue ha ratificado varias leyes internacionales, como el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (nº 98) y el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (nº 87) de la Organización Internacional del Trabajo, el país sigue peligrosamente rezagado con respecto a la aplicación.

La represión de sindicalistas es un problema permanente del panorama político de Zimbabue desde principios de la década de los noventa, pero muchos dicen que el ambiente de temor se ha agravado desde que el presidente Mnangagwa tomó el relevo del mandatario Robert Mugabe en 2017.

Según la Asociación de Médicos por los Derechos Humanos de Zimbabue, al menos 18 personas han muerto en manifestaciones desde que Mnangagwa asumió el poder. Mientras tanto, cientos de sindicalistas y activistas siguen siendo víctimas de acoso, detenciones, violaciones y secuestros por congregarse de forma pacífica para expresar su frustración por vivir en el segundo país del mundo con el mayor índice de inflación, por detrás de Venezuela (161,8% según el FMI, aunque algunos economistas hablan de un índice de inflación de 570%).

Zimbabue también es un país donde, incluso minuto a minuto, la tasa de desempleo y el costo de la vida continúan aumentando vertiginosamente y alcanzan niveles excesivos y donde aquellos que tienen trabajo no suelen ganar lo suficiente para sobrevivir, si es que reciben su salario.

Peter Mutasa y Japhet Moyo, presidente y secretario general del ZCTU, respectivamente, están siendo juzgados por “intentar derrocar a un Gobierno elegido constitucionalmente o incitar a la violencia” tras haber organizado una huelga paralizante de seis días en enero de 2019 contra la inflación, el incremento del precio del combustible y la escasez de alimentos esenciales.

Mutasa, Moyo, otros dirigentes del ZCTU y sus familias han sufrido acoso y amenazas de muerte en las últimas semanas. El juicio se ha aplazado hasta el 20 de noviembre y Moyo y Mutasa se enfrentan una pena de prisión de 20 años si se les declara culpables. Otros 20 sindicalistas de Mutare, una ciudad en la frontera oriental del país, también están siendo juzgados (por promover la intolerancia) tras participar en una manifestación.

En febrero de este año, Kwasi Adu Amankwah, secretario general de la CSI-África, organización regional de la Confederación Sindical Internacional (CSI), fue detenido durante varias horas mientras visitaba Zimbabue en una misión de solidaridad con el ZCTU.

“Un entorno tóxico”

En septiembre, gracias en parte a la presión ejercida por el movimiento sindical internacional, el Gobierno de Zimbabue invitó al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, para que evaluara la situación del país; fue la primera visita de este tipo a Zimbabue de un experto nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Durante su misión de 10 días, Voule se reunió con la dirección del ZCTU, los dirigentes del partido político de la oposición, líderes de la comunidad y la sociedad civil, jefes, representantes del poder judicial, el equipo de las Naciones Unidas en el país y ministros del Gobierno (aunque cabe destacar que no con el ministro de Trabajo, Sekai Nzenza).

Aunque presentará su informe final en la reunión del Consejo de Derechos Humanos en junio de 2020, el experto en derechos humanos togolés ya avanzó a los miembros de la prensa al final de su misión:

“Parece que se producen periódicamente huelgas masivas en el país por la situación económica que atraviesa actualmente Zimbabue. Sin embargo, las reacciones de las autoridades no parecen respetar su Constitución y compromisos internacionales”.

Voule señaló que había escuchado “historias sumamente preocupantes de un uso excesivo, desproporcionado y letal de la fuerza contra los manifestantes, como gas lacrimógeno, porras y munición real” y que los dirigentes sindicales le habían hablado del “ambiente tóxico de represalias y miedo constantes” en el que viven actualmente los activistas sindicales.

Aunque la ley draconiana de orden público y seguridad de 2002 –que otorga a la policía poder para restringir marchas, manifestaciones y protestas– será sustituida próximamente por el proyecto de ley para el mantenimiento de la paz y el orden, Voule explicó que esta última todavía sigue sin proteger los derechos de los ciudadanos de reunirse pacíficamente, ya que continúa “dando amplios poderes y discrecionalidad reguladores a los organismos encargados de hacer cumplir la ley”.

Durante su visita, Voule fue a Hwange, en el noroeste de Zimbabue, para reunirse con mujeres que son familiares de los trabajadores de la mina de carbón de Hwange, los cuales no reciben su salario completo desde 2013. Hasta el año pasado, las mujeres habían acampado pacíficamente en las instalaciones de la mina para protestar por el impago de más de 4,6 millones de dólares estadounidenses (unos 4,2 millones de euros) en salarios en nombre de sus maridos, padres y hermanos que no podían ir a la huelga por temor a ser despedidos.

La empresa llevó a las mujeres ante los tribunales por cargos civiles y penales de invasión de la propiedad privada y algunas de las manifestantes recibieron amenazas de muerte. Voule describió el caso de Hwange como prueba del “papel que también desempeñan los actores no estatales en la creación de un ambiente de temor” en Zimbabue.
El Gobierno, “desesperado” por volver a atraer capital extranjero

Voule también se mostró preocupado por la lentitud con la que se están acometiendo las muy necesarias reformas de la legislación laboral. Los sindicatos de Zimbabue quieren urgentemente que los trabajadores del sector público disfruten de los mismos derechos de negociación colectiva y huelga que los trabajadores del sector privado.

Entre otras medidas, los sindicatos piden que se ponga fin a la precarización del trabajo y al pago tardío y el impago de salarios, que se establezcan indemnizaciones mínimas por despido y se acabe con las represalias contra representantes de los trabajadores.

El Relator Especial pidió al Gobierno que cree un entorno propicio para la sociedad civil, proteja los derechos de los ciudadanos de organizarse y reunirse, y retire todos los cargos penales contra sindicalistas. Sin embargo, Moyo cuenta a Equal Times que no cree que el partido Zanu-PF esté dispuesto a hacer los cambios radicales necesarios para mejorar la situación del pueblo de Zimbabue.

“Seguimos sin creer que el Gobierno hable honestamente con las Naciones Unidas. Simplemente están desesperados por que se reestablezca la participación [económica internacional] de Zimbabue; no han mostrado ninguna voluntad real de reforma”,

dice Moyo.

“El Gobierno no necesita al Relator Especial para promover reformas, sino una voluntad política de hacer las cosas de forma diferente”.

Mnangagwa ha intentado reestablecer los lazos con las Naciones Unidas y la Unión Europea desde que accedió al poder en noviembre de 2017 y, aunque su mantra de apertura a los negocios tenía como objetivo atraer capital extranjero al país, los inversores se han mantenido alejados en su mayor parte. Mientras tanto, el Gobierno no puede pedir préstamos a instituciones internacionales porque tiene una deuda externa pendiente de 9.000 millones de dólares (8.230 millones de euros).

A raíz de la recomendación de Voule de que el Gobierno retire los cargos contra los dirigentes sindicales, Moyo señala que la Conferencia Internacional del Trabajo presentó una solicitud similar en junio, pero que, como respuesta, los sindicatos han sido víctimas de una escalada de violencia y amenazas contra sus familias.

“El Gobierno no protege a sus ciudadanos y se ha convertido en cómplice de personas sin escrúpulos que atormentan libremente a aquellos que consideran que se oponen a las políticas del Gobierno”,

concluye Moyo.


Este artículo ha sido publicado en Equal Times