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31 marzo, 2020Los sindicatos afiliados a IndustriALL en Brasil denuncian que el presidente, Jair Bolsonaro promueve medidas legislativas que atacan los derechos de los trabajadores, en lugar de protegerlos frente a la crisis del COVID-19. Las centrales sindicales proponen y luchan por medidas alternativas.
Mientras que todos los países hacen esfuerzos para garantizar empleos, salarios y condiciones mínimas para la supervivencia de los trabajadores durante la pandemia, el primer mandatario de Brasil impulsa medidas que promueven lo contrario. La Medida Provisional (MP) 927/2020 permitía que las empresas pudiesen suspender los contratos de trabajo y dejaran de pagar los salarios durante cuatro meses.
A su vez, establecía que los empleadores podían negociar acuerdos individuales con los trabajadores (sin la participación de los sindicatos) para establecer la reducción de hasta un 50% en las horas de trabajo y los salarios. Incluso, permitía que las compañías despidieran a empleados que contrajeran coronavirus (COVID-19).
La medida fue revocada el 26 de marzo, gracias a la presión de los sindicatos, los movimientos populares y partidos de oposición. Las centrales sindicales rechazan la respuesta general del presidente frente a la crisis del COVID-19: niega la gravedad de la crisis e incumple tanto las recomendaciones de cuarentena de las autoridades de salud, como de los gobernadores en la gran mayoría de los estados.
Recientemente Bolsonaro no siguió las pautas médicas y realizó un recorrido por los mercados y centros de vendedores ambulantes en las afueras de Brasilia, por lo cual podría recibir una importante multa. Tampoco mantuvo la distancia social recomendada por las autoridades y expresó su intención de emitir un decreto para que "todas y cada una de las profesiones regresen al trabajo".
Las centrales sindicales impulsan una serie de medidas alternativas que si ayudarían a los trabajadores. Propusieron el establecimiento de una renta básica de emergencia para los trabajadores más vulnerables a la crisis sanitaria. La Cámara de diputados aprobó el Proyecto de Ley (PL) 9236/17 el 26 de marzo y el Senado federal el día 30. Establece por tres meses el pago de una ayuda de emergencia a personas de bajos ingresos (incluidos los trabajadores informales, desempleados y autónomos) por un monto de R $600.00 (USD 117.00 aproximadamente).
Las organizaciones sindicales también consiguieron que el presidente de la Confederación nacional de la industria (CNI), Robson Braga de Andrade, se comprometiera el 29 de marzo a orientar a todos sus sindicatos, federaciones patronales y empresas a que no adelanten ninguna decisión en relación a los empleos, sin antes debatir y negociar con los sindicatos locales.
También pusieron la conformación de un espacio para enfrentar la crisis con la participación del gobierno, el congreso y las entidades que representan a empresarios y trabajadores, con el objetivo de establecer iniciativas consensuadas para la protección de la vida, los ingresos y el empleo, en oposición a iniciativas unilaterales del presidente.
Por su parte, el secretario regional de IndustriALL Global Union, Marino Vani, expresó:
“Nos solidarizamos con el pueblo y con nuestras afiliadas de Brasil, que proponen salidas colectivas frente a los desafíos que nos presenta el contexto actual.
No podemos negar o agrandar los obstáculos: tenemos que ser proactivos y priorizar la vida de las personas. A su vez, debemos alcanzar acuerdos y apoyar todos los esfuerzos para superar esta grave pandemia. Juntos, poniendo el foco en la vida, es que podremos retomar el desarrollo económico”.