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El Gobierno de Bangladesh dispuesto a poner fin a los logros del Acuerdo

13 febrero, 2019El Gobierno de Bangladesh está decidido a poner fin a los logros del Acuerdo de Bangladesh, que se alcanzó como consecuencia del derrumbe del edifico del Rana Plaza en 2013, en el que murieron más de 1.000 personas.En lugar de negociar un traspaso de la responsabilidad de las funciones del Acuerdo, el Gobierno de Bangladesh se muestra intransigente, insistiendo en que el Acuerdo finalice en Bangladesh en una fecha determinada, con independencia de que haya una autoridad de seguridad competente para sustituirlo.

Declaración conjunta de la IndustriALL Global Union y de la UNI Global Union

Tras el recurso del Acuerdo contra una decisión judicial de abandonar Bangladesh el 30 de noviembre de 2018, el Tribunal de Apelación de Bangladesh ha concedido una serie de prórrogas para que el Acuerdo, el Gobierno de Bangladesh y la asociación de empleadores BGMEA lleguen a un compromiso para ver la manera de traspasar las funciones del Acuerdo. El Acuerdo elaboró un plan detallado y responsable que se presentó a ambas partes en septiembre de 2018. El plan se basa en la transferencia de la responsabilidad de la inspección y corrección de anomalías en las fábricas abarcadas por el Acuerdo por etapas, sobre la base de la capacidad demostrada del organismo gubernamental responsable, RCC, para asumir esas funciones.

El Gobierno se ha negado constantemente a aceptar cualquier condición para traspasar la responsabilidad de las fábricas, alegando (sin presentar ninguna prueba) que el RCC cumple ya todos los indicadores de aptitud desarrollados por la OIT y aceptados por el Gobierno. Tanto la OIT como la Comisión Europea han declarado reiteradamente que el RCC dista mucho de poder asumir las funciones del Acuerdo. Cerca de 200 marcas y minoristas internacionales firmaron el Acuerdo de 2018 porque todavía no había ninguna regulación adecuada del Gobierno cinco años después del desastre del Rana Plaza. Y desde entonces poco ha cambiado. La alegación del Gobierno de que se cumplen los requisitos queda en entredicho por su negativa a incluir cualquier criterio en un plan de transición convenido.

Sin transparencia y sin ninguna seguridad verificable de que se mantendrá el nivel de seguridad en las fábricas sin precedentes logrado por el Acuerdo, las marcas mundiales que se abastecen en Bangladesh no pueden correr el riesgo de volver a las condiciones que causaron el derrumbe del Rana Plaza en 2013.

Las partes deben comparecer de nuevo ante el Tribunal de Apelación el 18 de febrero, para informar de los resultados de sus negociaciones. Los representantes de los sindicatos y de las marcas que negocian en nombre del Acuerdo han escrito al Gobierno y a la BGMEA en un último esfuerzo para alcanzar un compromiso sobre un plan de transición responsable. Si el Gobierno sigue sin mostrarse dispuesto a dar garantías creíbles, las partes habrán de informar al Tribunal de que no se ha llegado a ningún acuerdo. No está claro cómo reaccionará el Tribunal, pero un resultado probable es una decisión brusca de que el Acuerdo tiene que abandonar Bangladesh inmediatamente.

Después más de 5 años de intenso trabajo y de inversiones a través del Acuerdo, que ha dado como resultado un nivel de seguridad sin precedentes en las fábricas de confección de Bangladesh, es extraordinario que el Gobierno esté dispuesto a acabar con todo ello, y a poner una vez más en peligro la vida de sus millones de trabajadores de la confección, y en riesgo la reputación de la industria de prendas de vestir de Bangladesh.