Estudio del caso Glencore en Colombia

02.08.2018

Colombia es otro país conflictivo y con abundantes recursos minerales donde fatalmente Glencore tiene puestas sus garras. Esta empresa es bien conocida en el país por sus violaciones del medio ambiente y de los derechos de los trabajadores/as, incluyendo salud y seguridad y libertad de sindicación.

Ya en 2006, hubo denuncias de corrupción y graves violaciones de los derechos humanos. El sindicato local Sintracarbón, organización afiliada a IndustriALL Global Union, acusó a la compañía de expropiaciones forzadas y evacuaciones de aldeas enteras para permitir la expansión de las minas, en complicidad con las autoridades colombianas.

Glencore tiene varios negocios en Colombia, incluyendo su filial Prodeco, que es 100% propiedad de Glencore, que tiene dos minas colindantes (La Jagua y Calenturitas), una terminal de exportación de carbón (Puerto Nuevo) y participación en el ferrocarril que transporta carbón a esa terminal. Prodeco emplea a unas 6.000 personas.

Aunque las autoridades colombianas le han exigido integrar sus operaciones en una sola entidad comercial, Prodeco usa cinco filiales para llevar a cabo las operaciones de las dos minas, el ferrocarril y la terminal portuaria. Todas las compañías filiales operan desde la misma planta del mismo edificio en Barranquilla, compartiendo  la misma administración gerencial.

Según Sintracarbón, los trabajadores/as de las minas La Jagua y Calenturitas están sujetos a diferentes términos y condiciones de trabajo, y se les niega la posibilidad de realizar negociaciones conjuntas como sindicato con un empleador en común. Esta separación de la propiedad hace que sea mucho más difícil para el sindicato resolver problemas e identificar a un interlocutor responsable en las negociaciones.

Debilita a los sindicatos

Sintracarbón informa que, en su mina Calenturitas, Prodeco violó flagrantemente el derecho a la libertad de sindicación al discriminar contra los dirigentes y miembros sindicales, bloqueando el derecho de los trabajadores/as de elegir libremente su afiliación sindical, y socavando el proceso de negociación colectiva.

La administración también discrimina contra los dirigentes sindicales al cambiar sus turnos o cargos, aplicando medidas disciplinarias graves - incluyendo despidos o suspensiones múltiples por un supuesto mismo delito - u obligándoles a tomar permiso pagado con el fin de marginarlos.

La cra. Blanco, dirigente sindical, explicó:

Tratan a los sindicalistas como personas de segunda clase, nos persiguen y nos impiden ejercer nuestros derechos.

Usando una combinación de amenazas e incentivos, Glencore ha logrado que muchos sindicalistas renuncien al sindicato. En 2014, había 67 quejas laborales contra la filial colombiana de Glencore, Prodeco, y, en 2017, 46 estaban bajo investigación. Prodeco ha tenido que pagar casi US$500.000 en multas por sus malas prácticas laborales.

Salud y seguridad

En la mina Calenturitas, se da prioridad a la productividad sobre la salud y seguridad de los trabajadores/as. A consecuencia de las políticas ineficientes sobre seguridad industrial y salud ocupacional y el alto nivel de riesgo que acarrean las actividades mineras, se dan múltiples enfermedades laborales. Además, se aplican jornadas de trabajo ilegales de 12 horas, caminos en malas condiciones, equipos con alto nivel de vibración y elevados niveles de contaminación, que dañan la salud de los trabajadores/as. En agosto de 2017, Sintracarbón informó que hubo 13 accidentes de trabajo en menos de un mes. En enero de 2018, falleció otro minero.

Violaciones del medio ambiente

Según informó Claudia Blanco, presidenta de Sintracarbón Ciénaga:

Glencore ha violado muchas regulaciones ambientales. En enero recién pasado, 50.000 galones de diésel fueron arrojados al suelo en Puerto Nuevo debido a la perforación de uno de los tanques de almacenamiento, mantenimiento ineficaz y falta de control. Glencore trató de ocultar el hecho a las autoridades ambientales.

En 2010, después de descubrir que los niveles de contaminación atmosférica de la minería sobrepasaban los límites legales, poniendo en peligro la salud y la vida de las personas que viven cerca de las minas, el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia ordenó que Prodeco y otras compañías reubicaran las poblaciones de Boquerón, Plan Boninto y El Hatillo.

Las compañías demoraron dos años para comenzar el desplazamiento, y no se ha finalizado la reubicación de ninguna de las poblaciones. Han habido violaciones del derecho de las comunidades a participar y a tener acceso a la información.

Subcontratación

El personal se contrata a través de la agencia Manpower. La estabilidad laboral y el derecho al trabajo decente se debilitan, y los salarios se ven afectados porque no se aplican las prestaciones sociales convencionales. La libertad de sindicación está en peligro, ya que estos trabajadores/as no pueden sindicalizarse. Si se afilian a un sindicato, no se renueva su contrato a corto plazo.