Las maniobras y demoras para reformar la justicia laboral en México

30.11.2017

A tres meses de cumplirse el plazo constitucional para aplicar las normas complementarias, continúan las maniobras y demoras del gobierno de México para establecer una reforma a la justicia laboral

El 13 de octubre de 2016 el Senado mexicano aprobó por unanimidad una iniciativa por la que se modifican los Artículos 107 y 123 de la Constitución mexicana, y permite hacer efectivo el derecho de libre asociación y de negociación colectiva auténtica en el país. Sin embargo, la posibilidad de avanzar permanece truncada por los intereses del gobierno, empresarios y sindicatos corporativos.

El decreto que declara las reformas laborales de diversas disposiciones de la Carta Magna se publicó el 24 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. Pautaron que en un año a partir de dicha fecha el gobierno federal aplicará plenamente los cambios a la Constitución, lo que implica que se aprobarán las leyes secundarias hasta el 15 de diciembre.

A poco tiempo de cumplirse el plazo, no hubo reales avances por falta de voluntad política. Recién el 10 de noviembre se filtró una primer propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), aparentemente del sector patronal, que se aleja mucho de los objetivos de la reforma.

“Al fin apareció una propuesta de reforma laboral reglamentaria de la constitucional y, contrario a lo alardeado por el gobierno mexicano en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se fortalece el modelo de contratación colectiva de protección patronal debido a las limitantes que impone al ejercicio de la libertad sindical.

Por ejemplo, en la elección de sindicato, acceso a la contratación colectiva, ejercicio del derecho de huelga, transparencia y publicidad de los contratos colectivos y documentos sindicales, no previsión del voto, libre y secreto, además de graves violaciones a los derechos fundamentales de estabilidad en el empleo,  debido proceso y acceso a la justicia”

dijo la abogada mexicana Patricia Juan Pineda, al ser consultada por IndustriALL Global Union.

El problema también yace en que las negociaciones y el debate se están realizando a puertas cerradas, sin someter la reforma a un debate público, democrático y participativo para todos los actores sociales.

Los intereses del gobierno y de las grandes empresas multinacionales pesan sobre la decisión de un cambio a la constitución de México. Mantener un sistema donde no existe transparencia en lo laboral continúa siendo más beneficioso para las corporaciones.

Al mismo tiempo, se desarrollan las rondas de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el gobierno Mexicano está recibiendo constantes presiones de los sindicatos independientes tanto de su país como de Canadá y Estados Unidos, para que aumente los estándares laborales para mejorar las condiciones de los trabajadores mexicanos.

"¿Hasta cuándo el Gobierno de México continuará haciendo oídos sordos a las exigencias de los trabajadores?"

pregunta Fernando Lopes, Director de IndustriALL Global Union