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1 febrero, 2017A pocos meses de cumplirse 10 años de iniciadas las tres huelgas mineras de los trabajadores de Grupo México, el sindicato de Los Mineros pidió la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para resolver el conflicto
El sindicato de Los Mineros, afiliado a IndustriALL Global Union en México, solicitó ayuda de la ONU para restablecer los derechos humanos que le arrebataron ilegalmente a 832 mineros de Grupo México y sus familias en 2007, y que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) acelere el procedimiento para resolver las tres huelgas de Taxco, Sombrerete, y Cananea.
El 30 de julio de 2007 miles de trabajadores mineros iniciaron huelgas en tres minas concesionadas a Grupo México para reclamar las constantes violaciones a los contratos colectivos, la falta de seguridad e higiene, y los despidos injustificados. 10 años después, las huelgas persisten, convirtiéndolas en unas de las más prolongadas de la historia de México.
Ante la inacción por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto para resolver el conflicto, el gremio le entregó un documento al Relator Especial de la ONU sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, quien estuvo en México del 16 al 24 de enero. En el texto detallaron el proceso de la huelga minera y corroboraron la información con documentos oficiales.
El sindicato de Los Mineros también le pidió al relator su intervención para exigirle a gobierno que suscriba el Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre seguridad y salud en las minas. A su vez, los trabajadores le solicitaron que los ayude a restablecer los derechos sindicales como parte de los derechos humanos, y el respeto al derecho a la libertad sindical y a la libre contratación colectiva.
Por su parte, Forst finalizó su visita al país con recomendaciones preliminares al Gobierno de México. En el comunicado se refirió a los ataques a la libertad de asociación, la cual está reconocida constitucionalmente y sostuvo:
“Las organizaciones no gubernamentales a veces se enfrentan a la violencia, incluyendo amenazas y asesinatos. Los informes indican que los sindicatos independientes enfrentan la interferencia de las autoridades gubernamentales. El derecho a la sindicalización se ha visto amenazado” expresó en el documento.
Además, el experto en derechos humanos recordó que si bien la libertad de reunión pacífica está garantizada por la constitución mexicana, existe preocupación por el aumento de las injerencias y el uso de la fuerza en las protestas pacíficas en el país.
En cuanto al rol de las empresas públicas y privadas dijo que ellas “deben respetar los derechos humanos, los principios reconocidos internacionalmente sobre los derechos comerciales y humanos (…) y abstenerse de acciones que puedan afectar de manera negativa el gozo de los derechos humanos de cualquier manera”
Entre sus principales recomendaciones al Gobierno propuso llevar a cabo investigaciones imparciales sobre amenazas a los defensores, fortalecer el estado de derecho, y asegurar los inversionistas y las empresas cumplen con sus responsabilidades en materia de derechos humanos y se sancionan a las empresas asociadas con violaciones contra los defensores, tanto en el país como en el extranjero.
Después de que Forst expusiera sus conclusiones, el Gobierno se comprometió a analizar y dar seguimiento a sus recomendaciones.
Por su parte el director de IndustriALL, Fernando Lopes, dijo al respecto:
“La lucha por la ratificación e implementación de la Convención 176 de la OIT es una campaña prioritaria para IndustriALL, por lo cual saludamos la iniciativa de nuestro afiliado. Las/Los mineros, así como todo ser humano, tienen el derecho de salir de su casa y volver de la jornada de trabajo vivos y sanos para disfrutar con sus familias y amigos. Exigimos al gobierno mexicano que pare de hacer promesas y tome medidas concretas para solucionar los conflictos, y establezca un ambiente pleno de libertad sindical”