Nicaragua: conflicto laboral criminalizado mediante la sentencia de trabajadores huelguistas

02.12.2016

En un caso que establece un precedente inquietante, doce trabajadores fueron declarados culpables de una serie de cargos después de un conflicto laboral en una zona franca

Doce trabajadores deben ser sentenciados hoy, y podrían recibir hasta tres años de prisión. Los trabajadores fueron detenidos en junio de 2016 por la policía antidisturbios durante una protesta pacífica frente a la fábrica SAE-A Tecnotex en una zona franca en Tipitapa, Managua.

La fábrica, propiedad de Corea del Sur, emplea a 3000 trabajadores y produce prendas de vestir para exportar a compañías en los Estados Unidos, incluyendo Kohls, Target, JC Penney y Wal-Mart. Las tensiones estaban en aumento desde hace algún tiempo, debido a que los trabajadores demandaban acceso a agua potable, atención médica y objetivos de producción realistas.

El conflicto se intensificó cuando despidieron a dos dirigentes del sindicato Esfuerzo Democrático -afiliados a IndustriALL Global Union a través de la federación textil FESITEX-. Tres mil trabajadores utilizaron todas las herramientas a su alcance para exigir su reincorporación, y desarrollaron una protesta pacífica en las afueras de la fábrica.

En una acción nunca antes vista en las zonas de libre comercio de Nicaragua, enviaron a la policía a sofocar los disturbios. Los llamados “antimotines” detuvieron arbitraria e indiscriminadamente a una docena de trabajadores, entre ellos empleados de otras fábricas que se habían reunido fuera de la fábrica o simplemente pasaban, así como un taxista que no tenía nada que ver con la protesta.

Los doce fueron juzgados por cargos presentados por el fiscal. En la espera del juicio, los empleados de SAE Tecnotex no pueden trabajar para mantenerse a sí mismos y a sus familias.

La empresa ya persiguió a sindicalistas y atacó a su fuerza de trabajo en el pasado: En 2013, mientras los trabajadores protestaban por el despido de dirigentes sindicales, fueron atacados por una multitud, supuestamente contratada por la empresa. Sin embargo, ésta es la primera vez que el Estado interviene en nombre del empleador.

El juicio tuvo lugar la semana pasada. La sentencia está programada para el día de hoy.

El juicio establece un precedente siniestro para el acuerdo de libre comercio que los países de Centroamérica acaban de concluir con Corea del Sur, el cual se espera que de lugar a un aumento significativo de la inversión coreana en la región.

Existe la preocupación de que este modelo de relaciones laborales se esté exportando como parte del acuerdo comercial.

El secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, escribió a la fiscal Ana Julia Guido Ochoa, condenando el precedente de la penalización de un conflicto laboral y pidiendo al fiscal que retire los cargos separados contra los dos dirigentes sindicales.

Además le escribió al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pidiéndole que intervenga, y que el oficial de certificación oficial reconozca al sindicato como un representante legítimo de los trabajadores.

Sanches también le envió una carta al presidente de SAE-A Tecnotex en Corea del Sur, Woong-ki Kim, pidiendo a la compañía que retire sus cargos separados contra los dos dirigentes sindicales, y que le pague los salarios por el período en que no pueden trabajar.

Finalmente envió copias de las cartas a Kohls, Target, JC Penney y Wal-Mart.

Él dijo:

"Esta sentencia injusta a los trabajadores, por no hacer nada más que defender sus derechos, establece un precedente terrible.

"La empresa debe retirar los cargos y negociar de buena fe con el sindicato para renovar el convenio colectivo".