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Se necesita una diligencia debida obligatoria de forma urgente

4 mayo, 2023El décimo aniversario del colapso de Rana Plaza, conmemorado el 24 de abril, fue el punto de partida de una semana de actividades de promoción de parte de dirigentes sindicales de Bangladesh, Myanmar, Camboya y Túnez. La delegación se reunió con la OIT en Ginebra, con políticos en Berlín, y con el Parlamento y la Comisión de la UE en Bruselas para debatir la continuación de las campañas sobre seguridad en las fábricas y la necesidad de una diligencia debida obligatoria.

La semana comenzó con reuniones bilaterales en la OIT, en Ginebra, para resaltar la necesidad continua de un mayor apoyo de parte de la organización. La delegación, compuesta por Habib Hazimi, copresidente del sector de IndustriALL (Túnez), Nazma Akter (Bangladesh) y Athit Kong (Camboya), se unió a una ceremonia conmemorativa en honor de las y los trabajadores fallecidos en Rana Plaza, organizada por la Oficina de Actividades para los Trabajadores de la OIT (ACTRAV).

“El colapso del Rana Plaza y sus secuelas son un claro recordatorio de que la salud y la seguridad laboral no es solo un derecho fundamental en el trabajo, sino también un paso clave en la búsqueda de una justicia social para todos”,

expresó Manuela Tomei, subdirectora general de Gobernanza, Derechos y Diálogo de la OIT.

El reclamo de relaciones laborales más sólidas en la cadena de suministro llevó a los dirigentes sindicales a una conferencia sobre la industria textil asiática en Berlín, organizada por el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, donde se les unió Khaing Zar, de Myanmar.

Como parte del panel de expertos, la directora del sector textil y de la confección de IndustriALL, Christina Hajagos-Clausen, declaró:

“Las marcas que todavía se abastecen en Myanmar a pesar del golpe militar deberían avergonzarse. No se puede hablar de trabajo decente y seguir comprándole productos a Myanmar”.

En la reunión de trabajo de la asociación para la sostenibilidad textil Textilbündnis, Nazma Akter, presidenta de la Federación Sommilito Garments Sramik (Bangladesh), reiteró el mensaje de que aún se debe luchar por la seguridad de las fábricas:

“Solo la mitad de los 4,4 millones de trabajadores de la confección de Bangladesh están cubiertos por el Acuerdo. Este instrumento debe extenderse y todas las marcas que se abastecen en Bangladesh deben firmarlo”.

En Bruselas, la delegación se reunió con miembros del Parlamento Europeo (MPE) y de la Comisión Europea.

“Los sindicatos de los países productores esperan que la UE presione por una fuerte diligencia debida obligatoria”,

expresó Athit Kong, presidente del sindicato camboyano CCAWDU.

“La UE tiene el poder de utilizar las relaciones comerciales para mejorar la situación de los trabajadores”.

Habib Hazimi, secretario general de la Federación General del Sector Textil, de la Confección, el Calzado y el Cuero de Túnez, afirmó:

“Las y los trabajadores hacen todo lo posible para mejorar la productividad. Entonces, ¿por qué no ayudarlos y poner el peso sobre los hombros de las marcas multinacionales para proporcionar salarios decentes, mejores condiciones de trabajo y respeto por los derechos laborales?”.

Las y los dirigentes sindicales presentaron tres demandas clave que dependen de la acción y el apoyo europeos:

  • Una legislación en materia de diligencia debida obligatoria que incluya el acceso a vías de reparación jurídica
  • Que las empresas europeas ofrezcan salarios dignos a lo largo de sus cadenas de suministro mundiales
  • Que más marcas se adhieran al Acuerdo Internacional para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo de las y los trabajadores de la confección

“El proyecto MADE in Myanmar de la UE sirve como fachada para cubrir los abusos de los derechos laborales, ya que legitima a los militares. La UE debe ponerle fin, ya que el trabajo decente no es posible bajo la dictadura en Myanmar”,

afirmó Khaing Zar.

“Llevamos a cabo esta gira de promoción para presentar un pilar fundamental de nuestra política: alejarnos de la auditoría social en favor de una diligencia debida obligatoria”,

concluyó Christina Hajagos-Clausen.