3 febrero, 2017Los trabajadores y trabajadoras de la planta de fertilizantes Rustavi Azot, en Georgia, fueron violentamente atacados por la policía cuando se hallaban protestando contra el despido ilegal de que fueron víctimas 350 compañeros de labores. La policía intentaba de manera brutal desalojar a los manifestantes que se hallaban en las instalaciones de la empresa. Como consecuencia de la despiadada intervención policial, los manifestantes sufrieron costillas rotas y diversas otras lesiones.
En efecto, el 2 de febrero, el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, Mineros y de la Industria Química de Georgia (TUMMCIWG), organización afiliada a IndustriALL Global Union, organizó la mencionada manifestación frente a las oficinas de la administración de la empresa, en apoyo a 350 trabajadores/as que fueron ilegalmente despedidos, exigiendo la reintegración de los afectados a su trabajo. En solidaridad con los trabajadores/as víctimas, se unieron a la protesta los dirigentes de casi todos los sindicatos locales, miembros de otros sindicatos, estudiantes y diversas ONG.
Frustrados por no haber recibido, durante casi una semana, ninguna respuesta de Rustavi Azot a sus protestas por los injustos despidos, los trabajadores/as decidieron acudir a la oficina de la administración para saber alguna respuesta del director de la empresa que pudiera resolver el conflicto. Los guardias usaron la fuerza, tratando de impedir que los manifestantes entraran al edificio. Poco después, muchos policías rodearon el edificio, estallando la violencia. Varias personas presentes señalan que la policía golpeó a los participantes sin tomar en cuenta ni su edad ni género.
Algunos manifestantes sufrieron costillas rotas y diversas lesiones en la cara y el cuerpo. La policía también golpeó a periodistas que informaban en vivo sobre la protesta. Esto fue a pesar de que los trabajadores/as y sus partidarios ya estaban abandonando el edificio.
Más tarde, el mismo día, se llevó a cabo una reunión de cuatro horas convocada por el Ministerio de Trabajo, con la participación de los representantes de los trabajadores/as despedidos, entre ellos Irakli Petriashvili, Presidente de la confederación sindical de Georgia. Al comentar sobre los resultados de la reunión, Petriashvili dijo que la administración se había negado a cumplir con las reivindicaciones de los trabajadores/as y por lo tanto las protestas iban a continuar.
La nueva administración de la planta química georgiana, que es el mayor productor de fertilizantes del Cáucaso, había iniciado en enero de 2017 un proceso de despidos en masa.
El 30 de enero, se suspendió la producción en la planta debido al alto precio del gas natural. Según información proporcionada por TUMMCIWG, los despidos fueron evidentemente ilegales. El sindicato considera que el número de despedidos podría haber sido dos veces mayor si no se hubieran realizado las protestas. Después de las manifestaciones, la compañía no despidió a otras personas y dio a conocer indemnización por despido en forma de tres pagos mensuales de 500GEL (US$ 185) a todos los despedidos. Sólo se logró esta oferta después de la reunión de TUMMCIWG con los representantes de las autoridades municipales, con el Ministerio de Trabajo y con el Presidente de la Comisión parlamentaria de derechos humanos.
Paralelamente a los despidos ilegales, Rustavi Azot también está violando la ley al obligar a los trabajadores/as restantes a firmar nuevos contratos que socavan gravemente sus condiciones de trabajo. La administración amenaza con despedir a los trabajadores/as si no firman estos contratos.
Tamaz Dolaberidze, Presidente del TUMMCIWG, señaló:
“La administración manda a llamar al personal, e insiste en que firmen inmediatamente un nuevo contrato de trabajo, que es un documento de cinco páginas en letra pequeña. Incluso su simple lectura demoraría varias horas. Probablemente se requeriría varios días para comprender el documento y hacer las consultas apropiadas con abogados. La empresa no ofrece esta oportunidad al personal”.
Según Dolaberidze, con el nuevo contrato de trabajo se deteriora radicalmente la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras en comparación con el anterior. Por ejemplo, el nuevo contrato es vigente sólo por un año, mientras que los contratos anteriores eran indefinidos. Además, se exige a los trabajadores/as desempeñar nuevas funciones no relacionadas con su trabajo, y podrían ser multados si no cumplieran con estas nuevas obligaciones.
En una carta que se envió al Presidente de Georgia, antes de la protesta del 2 de febrero, el Secretario General de IndustriALL, Valter Sanches, calificó de totalmente inaceptable la violencia que se ha ejercido contra los trabajadores y trabajadoras:
“Es imprescindible que el gobierno de Georgia intervenga inmediatamente para garantizar la inmediata reintegración de los 350 trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos ilegalmente. El gobierno debe exigir que se anulen todos los contratos firmados bajo coacción y asegurar que los nuevos contratos sean firmados en presencia de un representante sindical; se debe exigir que Rustavi Azot cumpla con el convenio colectivo que se había establecido anteriormente; el gobierno también debe velar por la eficacia y equidad del proceso de mediación, bajo los auspicios del Ministerio de Trabajo, proceso que en estos momentos se halla estancado”.
Vídeo amateur de la violencia ejercida contra los manifestantes.