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Caso de un sindicato belaruso llevado a la UE

18 enero, 2019En una reunión con altos funcionarios el 16 de enero de 2019 en Bruselas (Bélgica), la IndustriALL Global Union, La IndustriAll European Trade Union, la Confederación Sindical Internacional (CSI), a través de su Consejo Regional Paneuropeo (PERC) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES), plantearon sus preocupaciones por el deterioro de la democracia y de los derechos fundamentales en Belarús a las autoridades de la Unión Europea.

Los representantes de los sindicatos internacionales fueron recibidos por Luc Devigne, subdirector general para Europa y Asia Central y director para Rusia, la Asociación Oriental, Asia Central y la OSCE y su equipo.

La delegación sindical expresó su indignación y su preocupación por la falta de normas democráticas en Belarús, lo que ha causado la demolición de la sociedad civil, incluidos los sindicatos independientes.

Las autoridades belarusas deniegan sistemáticamente el registro de las estructuras de los sindicatos independientes, con falsos pretextos de violación de la legislación nacional, así como las normas internacionales.

Desde hace años, Belarús es objeto de escrutinio especial en casi todas las reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo. La Comisión de Aplicación de Normas de la OIT ha citado a Belarús en su párrafo especial varias veces. Este es un procedimiento reservado a las violaciones graves y persistentes de los derechos laborales, incluidos los consagrados en las normas fundamentales del trabajo.

"Esperamos que la Unión Europea siga poniendo en primer lugar los derechos humanos y los derechos de los sindicatos y de los trabajadores en sus conversaciones con el Gobierno belaruso. La situación en Belarús es muy crítica, y la Unión Europea tiene la llave en la mano para cambiar la realidad del pueblo y de los trabajadores de Belarús", dijo Luc Triangle, secretario general de la IndustriAll European Trade Union.

Las organizaciones internacionales han planteado el “caso de los sindicatos”, en el que en un juicio injusto y sin pruebas convincentes dos líderes sindicales de la Unión de Trabajadores de la Industria Radioeléctrica y Electrónica de Belarús, Gennady Fedynich e Ihar Komlik, fueron condenados por evasión de impuestos a gran escala y al pago de una importante multa. Ambos tienen una condena de prisión de cuatro años con suspensión de pena, y la prohibición de ocupar altos cargos durante cinco años.

En su carta conjunta, la CSI, la IndustriALL, la CES y la IndustriAll Europe escribieron al vicepresidente Mogherini, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea condenando el veredicto del tribunal, y la decisión de rechazar la apelación.

Las organizaciones sindicales internacionales creen que el veredicto tiene motivaciones políticas y que ha sido dictado en represalia al sindicato por su posición activa en la sociedad. El veredicto es un intento para que cunda el miedo entre los activistas e impedir que se opongan al inhumano Decreto “Sobre la promoción del empleo de la población”, conocido también como Decreto sobre los parásitos sociales.

Fedynich y Komlik están presos en sus domicilios, sus movimientos están restringidos y durante ciertas horas del día, los fines de semana y los días festivos no pueden salir.

“Son claramente presos políticos  de conciencia", dijo Kemal Özkan, “Encarecemos una vez más a la UE que plantee el problema de los presos políticos en Belarús a las autoridades del país y que apoye nuestras demandas de revisar el veredicto, así como que se absuelva incondicionalmente a Fedynich y Komlik.”

Los sindicatos internacionales esperan que el respeto a la democracia y de los derechos humanos y sindicales formen parte de las prioridades de la Asociación prevista entre la UE y Belarús, y que la jurisprudencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos figuren en las referencias.

Mientras tanto, el 1 de febrero de 2019 entrará en vigor el notorio Decreto 1. Contiene elementos de trabajo forzoso y crea medios complementarios para manipular los derechos de los trabajadores, además del sistema de contratos de duración determinada. Para aplicar el nuevo decreto se ha creado una base de datos especial, pero surgen muchas preocupaciones debido a su falta de transparencia.