Activistas en una protesta durante una audiencia contra el Grupo Eternit en Turín (Italia), en julio de 2011

El delito de los propietarios de Eternit se considera expirado y no perseguible en Italia

27.11.2014

El 19 de noviembre, el fiscal del Tribunal Supremo de Casación italiano revocó la decisión del tribunal de Turín por la que se condenó al multimillonario suizo Stephan Schmidheiny, uno de los propietarios del Grupo Eternit, alegando que la sentencia no es aplicable debido al largo período transcurrido desde que se cometió el delito.

En julio de 2011, en la 51ª audiencia del tribunal de Turín, el multimillonario suizo de 67 años Stephan Schmidheiny, y el barón belga Louis de Cartier de Marchienne (fallecido desde entonces, en mayo de 2013), propietarios del Grupo Eternit, fueron acusados de omisión intencionada por no proteger a sus empleados y a los vecinos de la fábrica, como resultado de lo cual ha habido miles de muertos por amianto. http://www.industriall-union.org/es/archive/imf/los-propietarios-de-eternit-pueden-ser-condenados-a-20-anos-de-prision. Eternit producía cemento de amianto y otros productos en plantas de Europa, África y América del Sur.

En los pasillos del tribunal estallaron silbidos y gritos. “¡Vergüenza! ¡Vergüenza!” al anunciarse la decisión. El rechazo de las acusaciones contra los propietarios del grupo es una bofetada a casi 3.000 víctimas que, según la Fiscalía de Turín, trabajaban en las cuatro plantas italianas de Eternit en Cavagnolo, Casale Monferrato, Rubiera cerca de Reggio Emilia y Bagnoli, cerca de Nápoles, o vivían en las proximidades. Con la decisión se anulan también las indemnizaciones a las víctimas y a sus familias.

Los afiliados italianos a la IndustriALL, a través de sus federaciones sindicales nacionales CGIL, UIL y CISL, contribuyeron activamente a las audiencias del juicio contra Eternit y cooperaron estrechamente con la Asociación de Familiares de Víctimas del Amianto (AFEVA) italiana.

Maurizio Marcelli, jefe del departamento de salud y seguridad de FIOM-CGIL calificó la decisión del tribunal de Casación de “página vergonzosa del sistema jurídico italiano”. “Los jueces prefirieron esconderse tras el “subterfugio” de prescripción de los delitos, defendiendo un derecho abstracto en lugar de hacer justicia a muchos trabajadores y ciudadanos que murieron a causa del asbesto”.

Giuseppe Farina, secretario general de la confederación CISL, dijo: “Esta solicitud de análisis de prescripción de los delitos es surrealista, pues los perniciosos efectos de la exposición al asbestos han continuado en muchos casos durante más de 40 años, por lo que no tienen nada que ver con el calendario de las actuaciones judiciales.”

Paolo Carcassi, secretario general de UIL, comentó: “Desde 1992, en nuestro país están prohibido sel uso y la comercialización del asbesto. Sin embargo, las enfermedades relacionadas con el amianto tienen una latencia de más de veinte años, por lo que invocar la prescripción de los delitos sobre la base de cuándo se ha producido el asbesto en lugar de cuándo se ha manifestado la enfermedad significa declarar la impunidad de quienes criminalmente sabían que era material cancerígeno, y en realidad hicieron todo lo posible para ocultarlo, lo que ha provocado miles de muertes.”

Los sindicatos italianos, junto con la Asociación de Familiares de Víctimas del Amianto no van a renunciar y continuarán los procedimientos judiciales sobre la base de acusaciones de homicidio voluntario.