15 noviembre, 2017Miles de personas participaron el pasado 12 de noviembre en las manifestaciones de protesta que se conocieron en las principales ciudades de Rumania, entre las cuales se incluyen Alba Iulia, Arad, Constanza, Brăila, Braşov, Cluj-Napoca y otras.
Las mencionadas protestas se iniciaron después de conocerse las intenciones del gobierno de revisar el actual sistema de impuestos, proponiendo aumento del salario mínimo, pero limitando las contribuciones en un plan obligatorio de fondos privados de pensiones.
Según el plan propuesto, los empleadores tendrían que aportar un 2,25% de su fondo salarial total, y las empresas con una facturación anual inferior a un millón de euros contribuirían solamente el 1% de su volumen de ventas, en lugar del impuesto actual que es del 16% de las ganancias, reduciendo así el monto que aportan los empleadores al sistema de seguridad social, y trasladando toda su carga a los empleados.
También les corresponderá a los empleados negociar en forma individual con sus empleadores sobre el posible aumento de sus salarios para cubrir la diferencia cuando las contribuciones sociales sean insuficientes.
Si se aprobaran estas medidas, tendrían que entrar en vigor el 1o de enero de 2018.
Reunido en Colombo, Sri Lanka, los días 8 y 9 de noviembre de 2017, el Comité Ejecutivo de IndustriALL Global Union aprobó por unanimidad una resolución especial de apoyo a los trabajadores/as y sindicatos afiliados en Rumania, denunciando a la vez como inaceptable el proyecto de revisión fiscal propuesto por el Gobierno de Rumania. Texto de la resolución en inglés y rumano.
IndustriALL Global Union también hizo llegar una carta al Gobierno de Rumania en la que le insta a “no obligar a los trabajadores y trabajadoras a pagar la parte de la seguridad social que debería ser pagada por los empleadores”.
En la mencionada carta, Valter Sanches, Secretario General de IndustriALL Global Union, señaló lo siguiente:
“En toda Europa, y más allá también, las contribuciones a la seguridad social son financiadas conjuntamente por empleados y empleadores. Es realmente sorprendente, por no decir algo más fuerte, que un gobierno encabezado por una mayoría socialdemócrata apruebe una medida como ésta que va en contra del principio de solidaridad y del objetivo de procurar condiciones de trabajo dignas y mejorar el bienestar general. Al trasladar a los empleados toda la carga de los impuestos de seguridad social, se reducirá el poder adquisitivo, deteriorándose el nivel de vida de los ciudadanos. A consecuencia de esto, más jóvenes se verán obligados a abandonar el país”.
“Esta medida descaradamente evita tomar en cuenta las normas europeas e internacionales. Viola los derechos humanos y laborales fundamentales, tales como figuran, entre otros documentos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo respecto a la seguridad social, incluido el Convenio 102, que fue ratificado por Rumania, y también la Recomendación 202”.
Además, Sanches instó al Gobierno de Rumania
“a garantizar los derechos humanos y laborales de los trabajadores/as, aplicando políticas sociales efectivas y procurando que se respete el principio de responsabilidad conjunta por las contribuciones a la protección social”.