5 noviembre, 2020Aunque las negociaciones recientes no han arrojado el resultado deseado debido a los obstáculos impuestos por organizaciones empresariales y algunos gobiernos, IndustriALL Global Union está comprometida con la creación de un instrumento vinculante de la ONU sobre empresas y derechos humanos que ponga fin a la impunidad de las empresas que cometen abusan de estos derechos.
La semana pasada se celebraron negociaciones con respecto al instrumento jurídicamente vinculante en Ginebra. De aprobarse, este hará que las empresas sean legalmente responsables por los abusos de los derechos humanos ejercidos en sus cadenas de suministro y representará un paso importante para establecer la responsabilidad corporativa en el derecho internacional.
Antes de las negociaciones, los sindicatos mundiales acogieron con satisfacción la publicación del borrador, al tiempo que hicieron énfasis en que los derechos laborales son derechos humanos. A su vez, celebraron la integración de una perspectiva de género, así como las medidas para resolver las lagunas en materia de responsabilidad en las estructuras de las multinacionales.
Sin embargo, los sindicatos criticaron al instrumento por no mencionar los derechos humanos de los trabajadores de forma explícita y no reconocer a los sindicalistas como defensores de los derechos humanos. También reclamaron que no se reconocía a los sindicatos como una parte integral de los procesos de debida diligencia en materia de DD. HH.
Durante las negociaciones, la Organización Internacional de Empleadores y otros grupos de presión del ámbito empresarial encontraron falencias en cada disposición del borrador y procuraron obstruir el proceso. El gobierno de los EE. UU. rechazó el proceso, el Reino Unido impugnó el contenido del borrador y la Unión Europea no pudo obtener un mandato de negociación de sus Estados miembros. Esta ronda de negociaciones concluyó sin lograr avances significativos y continuará el año próximo.
Con respecto a las negociaciones, el secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, comentó:
“Está por llegar un cambio en la manera que el mundo ve la responsabilidad corporativa, algo que debería haberse logrado hace tiempo. La necesidad de este tratado se ha agudizado aún más durante la crisis de COVID, en la que los trabajadores han mantenido las cadenas de suministro mundiales en marcha de manera incansable, a menudo con un riesgo elevado a nivel personal y sin la protección, la seguridad ni los subsidios por enfermedad adecuados”.
Los activistas de derechos humanos, los grupos de la sociedad civil y los sindicatos han hecho campaña durante mucho tiempo por cambios en el derecho internacional y nacional que responsabilicen a las empresas por sus acciones en otras jurisdicciones. Estas campañas están empezando a dar sus frutos: a nivel nacional, Suiza celebrará un referéndum acerca de la responsabilidad social empresarial en noviembre de 2020, mientras que otras leyes similares se están proponiendo o ya se han aprobado en otros países.
A nivel internacional, los activistas obtuvieron una importante victoria en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en 2014, cuando se adoptó por primera vez la resolución para desarrollar el instrumento internacional jurídicamente vinculante. Mediante la Resolución 26/9 se estableció un Grupo de Trabajo Intergubernamental (GTI) para desarrollar los detalles de ese instrumento a través de una serie de negociaciones. La sexta sesión del GTI se celebró en Ginebra la semana pasada.
El ACNUDH está compuesto por Estados miembros de la ONU. La resolución de 2014, propuesta por Ecuador y Sudáfrica, obtuvo votos en contra de muchos gobiernos occidentales. El progreso depende de las posturas de negociación adoptadas por los Estados miembros. Por esta razón, los sindicatos creen que es importante seguir ejerciendo presión sobre los gobiernos nacionales para evitar que el borrador pierda fuerza.
A pesar de las objeciones, se adoptó un informe final y las partes seguirán negociando acerca del texto. Para marzo de 2021, el GTI compilará y distribuirá documentos que aborden las cuestiones planteadas en las negociaciones.
Valter Sanches concluyó:
“Este instrumento establecerá un nuevo punto de referencia mundial para las empresas y los derechos humanos. Las organizaciones empresariales y los gobiernos, en particular en los países ricos, están tratando de socavar el proceso. Tenemos que mantener el impulso para hacerlo avanzar”.