24 octubre, 2016El 13 de octubre de 2016 el Senado mexicano aprobó por unanimidad una iniciativa por la que se modifican los Artículos 107 y 123 de la Constitución mexicana, allanando el camino para un avance considerable de los trabajadores del país.
Las reformas propuestas eliminarían las denominadas juntas de conciliación y arbitraje tripartitas y transferirían sus funciones legales al poder judicial. Esto significa que la justicia laboral ya no está directamente en manos del presidente de la República, de los gobernadores cómplices y de los sindicatos dominados por los empleadores (sindicatos charros).
El llamamiento para disolver las juntas de conciliación y arbitraje y establecer tribunales del trabajo independientes ha sido una demanda central de los sindicatos democráticos mexicanos y del movimiento sindical internacional durante decenios y está contenido en la queja núm. 2694 de la IndustriALL y de la CSI ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además, con los requisitos de la reforma de votación secreta, personal y libre sobre los contratos de negociación colectiva y representación mayoritaria se aborda el problema generalizado de los contratos de protección dominados por los empleadores, que se negocian sin la participación o incluso sin el conocimiento de los trabajadores.
Con la reforma del Senado se modifica la terminología relativa a las autorizaciones de huelga del Art.123.A.XVIII, que tras un acalorado debate reza ahora “cuando se trata de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo se deberá acreditar la representación de los trabajadores”. En la legislación mexicana la demanda de huelga es el requisito previo legal para que pueda haber negociación colectiva. Los partidos de derechas y la cámara de empleadores se opusieron fuertemente a la nueva terminología. Los intereses comerciales y algunos sindicatos dominados por los empleadores se pueden oponer aún a las reformas propuestas. Los próximos pasos previstos son:
- Las reformas constitucionales tienen que ser aprobadas todavía por la mayoría de dos tercios de los diputados y ratificadas por la mayoría de los estados, lo cual debe suceder entre diciembre de 2016 y febrero de 2017.
- Los cambios de la Ley Federal del Trabajo para aplicar las reformas constitucionales y abordar además el problema de los contratos de protección y los procedimientos para las elecciones de representación sindical fueron presentados por el presidente en abril y deben ser promulgados por separado.
- El Senado no ha votado aún sobre el Convenio núm. 98 de la OIT relativo a la negociación colectiva, que fue remitido por el presidente el año pasado con una solicitud de ratificación.
La aplicación efectiva y oportuna de las reformas sigue siendo motivo de gran preocupación. Como declaró claramente Napoleón Gómez Urrutia, el líder del afiliado a la IndustriALL Los Mineros, en la Conferencia de la OIT en junio de 2016, las modificaciones positivas de esta última reforma no deben impedir al Gobierno mexicano resolver inmediatamente todos los casos pendientes en relación con el derecho de los trabajadores mexicanos a elegir sus sindicatos y a sus dirigentes en sus lugares de trabajo. La IndustriALL presentó una lista actualizada de los casos al Comité de Expertos de la OIT el mes pasado.
“Esta reforma laboral aprobada puede ser histórica, porque responde en lo esencial a las demandas de los sindicatos democráticos de México, como el de Mineros, y al movimiento gremial internacional. Lo fundamental será ponerla a prueba y aplicarla con transparencia en la práctica diaria de la vida laboral del país,” dijo Napoleón Gómez Urrutia recientemente en La Jornada.
El secretario general de la IndustriALL Global Union, Valter Sanches, dijo: “La IndustriALL y sus sindicatos afiliados mexicanos acogen con satisfacción este importante primer paso del Senado de México, que puede conducir a la erradicación de los contratos de protección en el país. La IndustriALL, el movimiento sindical internacional y los sindicatos democráticos de México seguirán de cerca los debates y la evolución del asunto y ejercerán presión para que la OIT preste asistencia técnica al Gobierno de México, con el fin de garantizar que estas reformas proporcionan verdaderamente el acceso a la libertad de asociación y a la negociación colectiva a todos los trabajadores mexicanos.”