IndustriALL exige: no conviertan en delito el derecho de huelga en España

14.02.2014

IndustriALL Global Union hace un llamado al Fiscal General de España para que se realice un juicio justo a los miembros del sindicato de trabajadores de Airbus, que enfrentan ocho años de cárcel por haber participado en una huelga general el 29 de septiembre de 2010.

Los ocho trabajadores, que son miembros de la FI-CC.OO y MCA-UGT, organizaciones afiliadas a IndustriALL, fueron detenidos después de realizar una manifestación de protesta frente a la fábrica de Airbus en Getafe, Madrid, donde se emplea a más de 2.000 personas en la fabricación de piezas para aviones.

Después de prolongados trámites judiciales, los sindicalistas van a ser procesados muy pronto. Sus acusadores recomiendan que cada uno de ellos reciba una sentencia de ocho años y tres meses de prisión.

"La condena tan excesivamente severa que pide la parte acusadora es totalmente desproporcionada en relación con los cargos, constituyendo un paso peligroso hacia la criminalización del derecho de huelga en España", dice Jyrki Raina, Secretario General de IndustriALL. "No sólo es un atropello a la democracia, es también un hecho sin precedentes desde la época de Franco."

IndustriALL ha escrito al Fiscal General de España, denunciando las falsas acusaciones y órdenes de imposición de penas extremas contra los trabajadores, por ejercer su legítimo derecho a manifestar frente a la fábrica de Airbus.

La carta también insta a las autoridades españolas para que pongan fin a su política de violación de los derechos de los trabajadores y terminen con la represión de las libertades democráticas.

"Exigimos justicia para los ocho sindicalistas que manifestaban en defensa de la clase trabajadora contra la precarización del trabajo y de las relaciones laborales; también protestaban contra el desempleo, los recortes de las prestaciones sociales, y la derogación de los derechos laborales". Así lo ha dicho Raina en la carta señalada.

La FI-CC.OO y MCA-UGT creen que las falsas acusaciones son parte de una campaña más amplia de las autoridades españolas contra las organizaciones sindicales.

IndustriALL, junto con FI-CC.OO y MCA-UGT, también pregunta por qué el juicio se ha centrado exclusivamente en perseguir a los sindicalistas, sin tomar en cuenta las acciones abusivas e ilegales de la policía el 29 de septiembre de 2010, que disparó contra los manifestantes, hiriendo a decenas de personas.