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13 diciembre, 2016El plan del gobierno de Brasil para congelar el gasto social durante 20 años fue aprobado en el Senado. La ONU asegura que viola los derechos humanos en el país, perjudica a los más pobres y afecta las políticas sociales históricas
(Información actualizada a las 17:30 UTC/GMT)
El 13 de diciembre se votó la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) en segunda ronda en el Senado de Brasil y fue aprobada por 53 votos a favor y 16 en contra. Las Naciones Unidas emitieron un comunicado oficial en el cual criticaron la enmienda que establece un limite para los gastos públicos para los próximos 20 años, que sólo podrán aumentar con la inflación del año anterior.
“Claramente viola las obligaciones de Brasil en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ratificó en 1992, de no adoptar medidas deliberadamente retrogradas" dijo el Relator Especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston
Quienes respaldan la propuesta, sostienen que con ella se conseguirá recuperar la economía brasileña, impidiendo que aumente la deuda existente. Además argumentan que aumentará la confianza de los inversionistas al reducir la deuda pública y las tasas de interés.
Sin embargo, la propuesta ha sido duramente criticada por los sindicatos, quienes consideran que si se aprueba tendrá un impacto sumamente negativo en las áreas de salud, educación, salario mínimo, la seguridad social, los servicios públicos y la ingeniería.
Recientemente las grandes centrales sindicales de Brasil, entre ellas la Força Sindical y la CUT, llevaron adelante movilizaciones conjuntas para manifestar su descontento y tratar de presionar a los senadores. Durante la jornada del día 13 los trabajadores también salieron a las calles y se pronunciaron contra la "PEC del fin del mundo" en al menos siete estados de Brasil.
El comunicado de la ONU respalda la postura de los sindicatos, quienes también dicen que la enmienda perjudicará principalmente a la población más pobre. El experto de la ONU pidió al Gobierno brasileño que garantice un debate público adecuado sobre el PEC, para estimar su impacto en los segmentos más pobres de la sociedad e identificar medidas alternativas para alcanzar los objetivos de austeridad.
"Esta es una medida radical, carente de todo matiz y compasión, la cual afectará a los más pobres y más vulnerables de Brasil, aumentará los niveles de desigualdad en una sociedad ya muy desigual y señala definitivamente que los derechos sociales son una prioridad muy baja para Brasil durante los próximos 20 años" dijo Alston.
Finalmente, el experto calificó de un “error histórico” retroceder en los avances que consiguió Brasil en las últimas décadas mediante las políticas de protección social que han contribuido sustancialmente a reducir la pobreza y la desigualdad en el país.
Por su parte Marino Vani, secretario regional adjunto de IndustriALL Global Union en América Latina y el Caribe expresó al respecto:
"La PEC 55 pone fin del estado de derecho e impone la dictadura del mercado sobre los pobres. Lamentamos el retroceso político y social que vive el pueblo brasileño en este momento. No creemos que éste gobierno y parlamento tengan legitimidad e imparcialidad para aprobar éste cambio en la constitución de Brasil.
Sólo un gobierno y un parlamento totalmente descreditado puede proponer una mudanza por 20 años como esta, donde los pobres van perder más y los ricos se quedaran más ricos, intocables.
Nos solidarizamos con los trabajadores y nuestras afiliadas de Brasil para seguir unidas en la lucha para impedir este retroceso social jamás visto"