6 mayo, 2015Los trabajadores de Drummond se indignaron tras la decisión de la Corte de Apelaciones en EEUU. Luego de librar una batalla jurídica por ser acusada de conspirar con grupos paramilitares, protagonizar recientemente un accidente laboral y amenazas de despido en Colombia, la Corte de Apelaciones en EEUU decidió fallar a favor de la empresa.
Luego de librar una batalla jurídica durante 6 años, por diversas demandas a dos ejecutivos de Drummond quienes fueron acusados de haber estado involucrados en la realización de pagos al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el caso fue archivado. La Corte Federal de Apelaciones del Circuito en Atlanta (EE.UU) falló en favor de Drummond por considerar que las demandas carecían de fundamentos, y su decisión indignó a los trabajadores de la empresa.
Las primeras demandas las interpuso Sintramienergética, Funtraenergética y los familiares de los sindicalistas asesinados. Acusaron a Drummond de mantener vínculos con grupos paramilitares desde 1985. Según Francisco Ramirez Cuellar, líder sindical del área minera, recibió información de paramilitares, trabajadores, contratistas y un ex-jefe de seguridad de Drummond que aseguraron que las empresas “financiaron la creación de un Frente Paramilitar con 200 hombres a partir de 1986 y les dieron 3 millones de dólares para el sostenimiento”.
“La inocencia de una organización criminal”
La decisión de absolver a Drummond causó mucha conmoción ya que los trabajadores de la empresa se encuentran en una difícil lucha en defensa de sus derechos. Recientemente 2 trabajadores fallecieron por culpa de un accidente de trabajo en Magdalena. Además 35 recibieron amenazas de despido y la empresa fue responsable de repetidos actos de contaminación. Por todas estas violaciones graves, el Movimiento Nacional de Víctimas de Corporaciones Multinacionales y Transnacionales (MNVC) pronunció que “rechazamos con vehemencia que ahora sus voceras tengan el cinismo de salir a hablar de la inocencia de esta organización criminal”.
Además la Corte falló que tampoco encontró evidencias genuinas de que ejecutivos de Drummond fuesen responsables de “un presunto plan corporativo que resultara en la muerte de civiles en cercanía a las operaciones mineras o la línea férrea por parte de las AUC”. Sobre ello, Ramirez Cuellar explicó que el plan corporativo consistió la decisión de Jim Adkins, quien fue jefe de seguridad de la Drummond hasta 2001, y de la dirección de la empresa de crear “el grupo paramilitar que les ´aseguró´ la zona de la mina y la línea férrea que lleva el carbón”.
Por ello los trabajadores y familiares decidieron iniciar una acción criminal con un juez de Europa, Indonesia o America del sur para que juzgue estos crímenes cometidos en Colombia. También decidieron impulsar la nacionalización de las minas Drummond y Prodeco (Glencore) para indemnizar a los trabajadores activos, enfermos y despedidos de ambas empresas y a sus familias.
IndustriALL Global Union condena las violaciones constantes en Colombia a los derechos humanos, y promueve que se emprendan acciones inmediatas para disolver los grupos paramilitares de acuerdo con las reiteradas recomendaciones de la ONU.