La Junta directiva nacional de la USO denunció que los despidos constituyen una flagrante violación al actual convenio colectivo. A su vez, rechazaron los intentos de la petrolera para despedir a Ariel Corzo y a Edwin Castaño, quienes forman parte de la Junta, mediante la aplicación de la guía unilateral de “desvinculación de trabajadores de Ecopetrol”.
Los despidos responden a una política de criminalización de la actividad sindical en Colombia, que se vislumbra en los procesos disciplinarios, penales y administrativos en contra de líderes sindicales de las diferentes seccionales a nivel nacional.
La organización sindical explica que tanto la administración de la estatal petrolera como el gobierno nacional someten a las personas sindicalizadas a agresiones de forma sistemática, en violación a toda la normatividad laboral tanto nacional como internacional.
A su vez, consideran que el momento en que ocurrieron los despidos tampoco es casual. La compañía procedió a desvincularlos poco tiempo después de que la USO convocara a la comunidad a manifestarse en la calle, en contra del anuncio del gobierno sobre la venta de algunos de los activos de Ecopetrol.
Por su parte, el secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, escribió cartas al presidente de Colombia, Iván Duque, y al presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón para solicitarles que garanticen, tanto en Colombia como en Ecopetrol, el derecho al libre ejercicio de la actividad sindical y reintegren a los trabajadores despedidos.
En su comunicación con el presidente Duque, Sanches también escribió:
“Solicitamos a vuestro gobierno que cree todas las condiciones y garantías necesarias para proteger la vida y el derecho a la libre actividad sindical de las y los dirigentes sociales y sindicales en Colombia.”