De acuerdo con el Ministerio Público del Trabajo de Brasil, responsable por la acción civil pública, la empresa automotriz Ford contrataba empleados en la unidad de Tatuí, a través de AVAPE, una asociación para promoción de personas con deficiencia, y con ello se garantizaba beneficios fiscales. El problema es que los 280 empleados que la institución entregó a Ford por más de una década de relaciones, ninguno tenía condición de deficiencia.
El juez Marcurs Menezes Barberino sentenció que la montadora tiene un plazo de 60 días para iniciar la recontratación, de lo contrario tendrá una multa diaria de R$ 500 mil. Y considerando que la organización social no posee patrimonio para cumplir con la sentencia es Ford quien tendrá que asumir la totalidad de la multa R$400 millones, 200 millones de reales para los Fondos Nacional y Estatal de Derechos Difusos y 200 millones de reales serán invertidos en la ciudad de Tatuí, en políticas e inserción de formación de personas con deficiencia.
La justicia enfatiza que la tercerización se mantiene en la utilización de prestadores de servicios para actividades secundarias como limpieza y seguridad. En tanto en la Ford los puestos de trabajado de los tercerizados de AVAPE ejercían labores en la planta como cualquier trabajador contratado por la montadora.