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La lucha incansable de Kirguistán por los derechos laborales fundamentales

Los sindicatos en Kirguistán han estado luchando por los derechos laborales fundamentales durante años. No obstante, la libertad de expresión también se ha visto recientemente socavada en el país. A pesar de algunos cambios que se lograron tras presentar una denuncia ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT), aún queda mucho trabajo por hacer.

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En 2020, el Sindicato de Mineros y Metalúrgicos de Kirguistán presentó, ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, un caso (3386) en el que denunció las violaciones sistemáticas de los derechos sindicales en el país, en particular los ataques contra la libertad sindical y el acoso a los dirigentes sindicales.

Tras esta denuncia, el Parlamento (Jogorku Kenesh) de la República Kirguisa aprobó, en junio de 2022, una resolución en la que creó una comisión para examinar la aplicación de la Ley de Sindicatos del país.

En junio de este año, el Jogorku Kenesh adoptó otra resolución que contenía una serie de instrucciones. Estas directivas incluyeron modificaciones de la Ley de Sindicatos, la búsqueda de la digitalización y las reformas de personal dentro de los sindicatos, así como la remodelación de las estructuras sindicales. A la Federación de Sindicatos de Kirguistán se le encomendó la tarea de proponer cambios en los estatutos y revisar los acuerdos sobre el arrendamiento de las propiedades sindicales.

En agosto, a raíz de estos nuevos acontecimientos, IndustriALL presentó una actualización del Caso 3386 sobre Kirguistán, con nueva información que atestigua la continua presión de las autoridades sobre los sindicatos para restringir la libertad sindical y el derecho a la autodeterminación.

Mientras los derechos laborales fundamentales continúan siendo cuestionados, las autoridades kirguisas iniciaron, también en agosto de este año, acciones legales para cerrar el medio periodístico en línea independiente Kloop Media Public Foundation. En esta demanda, alegan que Kloop Media no se registró como un medio masivo de comunicación y que realizó actividades ajenas a su estatuto. También hace referencia a una investigación previa al juicio sobre las actividades de la fundación, iniciada en noviembre de 2021, acusándola de violar el código penal de Kirguistán.

Esta medida, que restringe la libertad de expresión en el país, ha provocado indignación a nivel mundial. Human Rights Watch ha condenado este acto como parte de una serie de ataques a la libertad de prensa y expresión, incompatibles con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y exigió el retiro inmediato de la demanda.

“Estas acciones despiertan inquietudes sobre la interferencia en las actividades internas de los sindicatos. Estas medidas potencialmente restringen los derechos de los sindicatos a desarrollar sus estatutos, organizar estructuras internas y llevar a cabo su plan de acción de forma independiente.

Los acontecimientos recientes demuestran la urgencia de que emprendamos acciones colectivas para garantizar que Kirguistán respete sus compromisos con la libertad sindical y de expresión, así como los derechos fundamentales de sus ciudadanos”,

declaró Atle Høie, secretario general de IndustriALL.

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