8 noviembre, 2012Casi dos años después del trágico accidente minero en Pike River (Nueva Zelanda), en el que murieron 29 mineros, la Comisión Real de Investigación publicó su condenatorio informe esta semana, que muestra una “imagen implacable de fracaso prácticamente a todos los niveles”.
El grado de fracaso de la dirección y del Departamento del Trabajo de Nueva Zelanda para garantizar las medidas de seguridad básicas en la mina es sorprendente; ahora está claro que el accidente podría haber ocurrido antes, y se debería haber evitado, pues hubo numerosas advertencias. Éstas fueron ignoradas en gran medida en el período previo al accidente, pues la dirección se interesó sólo en mantener los niveles de producción.
Las peticiones de los sindicatos de disposiciones más estrictas, un cuerpo de inspectores de seguridad de las minas independiente y dotado de suficientes recursos y una verdadera participación de los trabajadores en la salud y la seguridad, se recogen en las recomendaciones del informe, como imperativo para la creación de una cultura de prevención en el futuro.
El informe condenatorio apoya la campaña de la IndustriALL para la ratificación y la adecuada aplicación del Convenio núm. 176 de la OIT sobre salud y seguridad en las minas y la adopción de su Recomendación núm. 183 asociada. La IndustriALL cree que el Convenio núm. 176 no es un instrumento destinado únicamente a las naciones en desarrollo. Muchos gobiernos de países desarrollados evitan la ratificación y los compromisos sobre la seguridad en las minas, bajo la presión de directores de las empresas.
El 19 de noviembre de 2010, en una horrible explosión de gas metano murieron 29 mineros, entre ellos 11 miembros del afiliado a la IndustriALL, el Engineering, Printing and Manufacturing Union (EPMU). Fue el peor desastre minero en Nueva Zelanda en 119 años. El 24 de noviembre se produjo otra explosión, después de lo cual las autoridades declararon muertos a los mineros, y en los días siguientes hubo dos explosiones más.
Los cuerpos de los mineros yacen todavía en la mina. El secretario nacional adjunto del EPMU, Ged O’Connell, acogió con satisfacción las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Real y pidió al Gobierno de Nueva Zelanda que las apliqué. Declaró:
“Para que los 29 hombres cuyos cuerpos yacen en la mina no hayan muerto en vano, esas recomendaciones han de aplicarse sin demora y sin reserva alguna.”
O’Connell agregó:
Nos complace particularmente la reintroducción de inspectores de verificación elegidos por los trabajadores, la especial atención que se presta al fortalecimiento de las disposiciones sobre seguridad en las minas y la creación de un nuevo organismo de la Corona para vigilar la salud y la seguridad.
En el Convenio núm. 176 se exige que las minas estén construidas debidamente, con al menos dos vías de salida separadas. Debe haber un sistema de ventilación suficiente, con control de los contaminantes. De detectarse graves riesgos hay que interrumpir las actividades y evacuar a los trabajadores. Los trabajadores tienen derecho a notificar los accidentes y los incidentes peligrosos. Los trabajadores tienen derecho a rechazar el trabajo inseguro. Además, los trabajadores tienen derecho a elegir representantes de salud y seguridad y a participar en las investigaciones e inspecciones.
La mina de carbón de Pike River es la mayor mina subterránea de Nueva Zelanda, con un contenido de 17,6 millones de toneladas de carbón de coque duro bajo la cordillera de Paparoa de South Island. Pike River Coal Ltd., empresa propiedad anteriormente de New Zealand Oil & Gas Ltd., se declaró en quiebra debido a la tragedia.