24 octubre, 2023Los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil surcoreanos, incluido el Sindicato Coreano de Trabajadores Metalúrgicos, afiliado a IndustriALL Global Union, se manifestaron en la Broken Chair en Ginebra la semana pasada antes de hacer una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El Gobierno de Corea está siendo impugnado en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), un tratado multilateral que compromete a los países a respetar estos derechos. Los sindicatos realizaron una presentación al 139º período de sesiones del Comité de Derechos Humanos sobre el Quinto Informe Periódico de la República de Corea, alegando que las leyes laborales restrictivas, las limitaciones al derecho de huelga y las numerosas violaciones de la libertad sindical eran contrarias a los compromisos de Corea en virtud del tratado.
El cuarto informe de Corea, realizada en 2015, encontró “restricciones irrazonables” impuestas a la libertad sindical y recomendó que el Gobierno de Corea garantice el derecho de reunión pacífica. Sin embargo, el Gobierno ha hecho poco para garantizar que su marco legal cumpla con las normas internacionales del trabajo consagradas en los artículos 21 y 22 del PIDCP, así como en los Convenios 87 y 98 de la OIT.
En teoría, los trabajadores en Corea tienen el derecho a sindicalizarse, a la negociación colectiva y a la acción colectiva, todos consagrados en la Constitución. Pero en la práctica, las disposiciones de la Ley de Ajuste de Sindicatos y Relaciones Laborales (TULRAA, por sus siglas en inglés) restringen drásticamente los derechos de los trabajadores. La ley hace que les sea casi imposible emprender acciones de huelga legales y, si infringen la ley, la empresa puede denunciarlos por daños y perjuicios, y el Estado por el costo de vigilar la huelga.
En sectores como el acero y la construcción naval, del 70 a 80 % de los trabajadores están subcontratados, y la definición de “empleador” utilizada en la Ley hace imposible que estos trabajadores puedan negociar con el empleador principal. Por ejemplo, Daewoo Shipbuilding (DSME) tiene más de 100 subcontratistas dentro de un astillero. Cuando los trabajadores hicieron huelga en 2022 para revertir un recorte salarial del 30 % implementado por DSME durante la pandemia, la empresa se negó a negociar, alegando no formar parte del pleito. Por otro lado, los subcontratistas no pudieron atender las demandas de los trabajadores, porque los salarios habían sido fijados por DSME.
Los trabajadores en huelga fueron atacados violentamente, y después de los 51 días durante los que se mantuvo, los dirigentes sindicales fueron demandados por 32,3 millones de euros por daños y perjuicios debido a que no se alcanzaron los objetivos de producción.
Actualmente hay alrededor de 30 sindicalistas coreanos en prisión por actividad sindical.
La delegación sindical contó con el apoyo de expertos en derecho de la CSI, quienes hicieron una presentación por escrito (enlace) al Comité. Los sindicatos citaron una serie de casos de represión violenta y demandas maliciosas como prueba, y pidieron al Comité de Derechos Humanos que exhortara al Gobierno de Corea a poner fin a sus actividades antisindicales y alinear su marco legal con las normas internacionales del trabajo.
Christina Olivier, secretaria general adjunta de IndustriALL expresó:
“El Gobierno de Corea viola los derechos de los trabajadores a sindicalizarse, reunirse pacíficamente y tomar medidas de huelga. Los sindicalistas son golpeados, demandados y encarcelados por llevar a cabo actividades sindicales. IndustriALL se solidariza con nuestros compañeros y compañeras en su demanda de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU haga asumir su responsabilidad a la República de Corea. Corea es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y debe cumplir sus obligaciones”.