En diciembre de 2017, Mitsubishi Electric Consumer Products Thailand impuso un cierre patronal contra 1.800 miembros de la Confederación de Trabajadores de la Electrónica, del Automóvil y Metalúrgicos de Tailandia (TEAM), organización afiliada a IndustriALL Global Union. Posteriormente, el 29 de enero de 2018, el sindicato y la empresa llegaron a un acuerdo mediante negociación colectiva, poniendo fin al conflicto.
A consecuencia de aquel acuerdo, Mitsubishi Electric aceptó reincorporar a todos los trabajadores y trabajadoras despedidos, lo que también es un requisito legal. Sin embargo, antes de la reincorporación, se llamó a los trabajadores/as a reuniones para "verificar sus actitudes", presionándoles para que revelaran información comprometedora sobre los dirigentes sindicales.
La compañía obligó a los trabajadores/as despedidos a asistir a un campamento de cuatro días en una base militar para "aprender disciplina y orden", y a recibir cinco días de capacitación por una firma externa de recursos humanos. La empresa esperaba que con este mencionado programa los trabajadores/as "reflexionaran sobre sus malas acciones". Tuvieron que pasar un día realizando labores de aseo en residenciales de ancianos para “ganar méritos”, y tres días en un templo budista, sin tener en cuenta sus creencias religiosas. También se obligó a los trabajadores/as a pedir disculpas a la compañía en sus cuentas personales en la internet.
A pesar de sufrir este proceso de humillación intencional, no se ha reincorporado a todos los trabajadores/as. La compañía incluso comenzó a poner avisos sobre nuevas ofertas de trabajo. Posteriormente, Mitsubishi Electric despidió a 24 trabajadores/as que esperaban su reincorporación, entre ellos diez miembros de un nuevo comité sindical elegidos en junio de 2018. La empresa también solicitó permiso ante el tribunal laboral para despedir a otros dos trabajadores.
La empresa exige que los trabajadores/as que han sido reincorporados firmen contratos individuales, reemplazando el convenio colectivo que venció a fines de septiembre de 2018. Los nuevos contratos incluyen una cláusula que señala que el trabajador o la trabajadora debe aceptar no afiliarse a un sindicato. En el caso de que la persona se afilie a un sindicato, deberá devolver a la empresa cualquier aumento salarial o prestaciones adicionales que se hayan otorgado por el contrato individual.
Mitsubishi Electric ha utilizado intimidación y hostigamiento para debilitar el sindicato, y ha tratado de humillar a los sindicalistas. Esto constituye una clara violación de los derechos laborales y sindicales fundamentales, incluida la legislación laboral nacional y las normas internacionales del trabajo.
La compañía es patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, con el compromiso de demostrar "Consideración de los derechos humanos, el trabajo y las prácticas comerciales justas".
IndustriALL ha escrito a la compañía en tres ocasiones, exigiendo reincorporación de los trabajadores/as despedidos, pero hasta ahora la empresa no ha respondido.
Por su parte, Valter Sanches, Secretario General de IndustriALL, señaló:
“IndustriALL Global Union insta a Mitsubishi Electric para que respete las normas internacionales del trabajo, restableciendo de inmediato a los 26 dirigentes y miembros sindicales, y terminar con las violaciones de los derechos sindicales fundamentales”.
Durante el cierre patronal, los trabajadores/as perdieron acceso a todas las prestaciones sociales, incluida la asistencia médica. Después de la muerte de un trabajador durante este período, se restableció la cobertura de salud, pero solamente para mujeres embarazadas.