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13 abril, 2021La semana pasada, IndustriALL y el Foro de Fondos de Pensiones de Autoridades Locales (LAPFF) del Reino Unido organizaron conjuntamente un seminario web para examinar la manera en que las prácticas laborales en la mina colombiana Cerrejón están afectando a los trabajadores. La enorme mina de carbón a cielo abierto es propiedad conjunta de las multinacionales mineras Anglo American, BHP y Glencore.
Dos dirigentes de Sintracarbón, sindicato afiliado a IndustriALL, denunciaron el despido reciente de unos 90 trabajadores sin motivo ni consulta por parte de Cerrejón. A su vez, hablaron sobre la incapacidad de esta empresa para colaborar de manera constructiva con las comunidades locales y los trabajadores a favor de una futura Transición Justa en la mina, y su discriminación en materia de género.
En 2020, tras una huelga de 90 días sin precedentes, Cerrejón y Sintracarbón celebraron un convenio colectivo. Poco después, Cerrejón impuso un severo cambio en los turnos de trabajo, llamado el “turno de la muerte”, sin respetar su compromiso de discutirlo con los trabajadores. Esta modificación es particularmente peligrosa en lo que respecta a la COVID-19, ya que exige que los empleados sigan trabajando incluso si se enferman.
“Cerrejón y sus socios en negocios de riesgo compartido deben tomarse en serio los derechos de los trabajadores. Los conflictos laborales son dañinos para los empleados, pero también perjudican a las empresas y los inversores. La huelga del año pasado paralizó la producción e impidió que millones de toneladas de carbón llegaran a los mercados internacionales. Además, nos preocupa que la fatiga de los trabajadores conduzca a un aumento de los accidentes y que la baja moral afecte la productividad”,
expresó Glen Mpufane, el director de minería de IndustriALL.
Según el presidente de Sintracarbón, Igor Kareld Díaz, la empresa había afirmado durante dos años que estaba pasando por momentos difíciles y que no era sostenible debido a la caída de los precios del carbón. Los trabajadores y el sindicato quieren trabajar junto con Cerrejón para hacerla sostenible a largo plazo, tanto para su propio beneficio como para el de las comunidades locales. No obstante, la empresa se niega a colaborar con el sindicato o incluso proporcionar información acerca de la situación económica de la mina.
Kareld Díaz también señaló que, durante los despidos masivos posteriores a la huelga de 2020, Cerrejón apuntó específicamente a los trabajadores que eran líderes comunitarios. Aunque desde entonces el sindicato ha logrado la reincorporación de cuatro trabajadores mediante acciones judiciales, esta no es una manera eficiente de hacer frente al problema de los despidos injustificados.
“Por más difícil que sea para el sindicato entablar un diálogo con Cerrejón, es aún más difícil para las comunidades plantear sus preocupaciones acerca de los impactos negativos de la mina. Si la empresa tiene problemas de sostenibilidad, los trabajadores queremos ser parte de la solución”,
afirmó Igor Díaz.
La concesión minera de Cerrejón finaliza en 2033. Con el fin de representar los intereses tanto de los trabajadores como de la comunidad, Sintracarbón propuso la celebración de un foro público destinado dialogar acerca de una Transición Justa, en la que se respete la justicia social y ambiental en los doce años restantes de vida de la mina, así como evitar que el yacimiento se convierta en un regalo envenenado para la comunidad después de su cierre.
Estos reclamos han desatado amenazas tanto hacia los activistas sindicales como los comunitarios, y la justicia colombiana no ha proporcionado una protección adecuada.
En materia de igualdad de género, la política de Cerrejón para 2025 no es realista, ya que las mujeres representan menos del 10 % de la plantilla, según informó la dirigente sindical y secretaria de Salud de la sección, Hidanora Pérez.
Sin embargo, las mujeres están sobrerrepresentadas entre los trabajadores que perdieron su empleo. Entre las trabajadoras despedidas se encuentran mujeres con contratos fijos, embarazadas o con hijos pequeños, así como también algunas empleadas reconocidas explícitamente por su productividad, todo lo cual reduce el incentivo para que las mujeres se capaciten para trabajar en la mina. Además, algunas de las que han manifestado su malestar fueron castigadas siendo trasladadas a otras áreas. En efecto, las voces de las mujeres están siendo silenciadas, y las que están dispuestas a hablar están siendo descartadas. Además, el nuevo sistema de turnos hace que sea mucho más difícil para las mujeres mantener el empleo.
“La mina ya se ha apropiado de nuestras tierras, trabajamos para ellos, producimos beneficios para ellos, ¿por qué no se tienen en cuenta nuestros derechos laborales? ¿Cómo puede ser que la empresa se haya cerrado al diálogo con las comunidades?”,
preguntó Hidanora Pérez.
El mensaje de los trabajadores para los inversores fue claro:
- Háganle saber a BHP, Glencore y Anglo American que deben entablar relaciones laborales constructivas para hacer frente a los problemas económicos de Cerrejón
- Asegúrense de que las políticas de género se pongan en práctica
- Y no se limiten simplemente a abandonar a Cerrejón: utilicen su influencia para garantizar una Transición Justa para los trabajadores y las comunidades
LAPFF protege los fondos de pensiones de los funcionarios de los gobiernos locales en todo el Reino Unido mediante la promoción de altos estándares de responsabilidad empresarial. Sus miembros son accionistas de Anglo American, BHP y Glencore.