1 julio, 2019La IndustriALL Global Union ha pedido al presidente de Kazajstán que intervenga en el juicio de Erlan Baltabay, destacado dirigente sindical que puede ser condenado a ocho años de prisión y a la prohibición de volver a ocupar un cargo sindical en toda su vida. El tribunal debe dictar sentencia en el cualquier momento.
Esto sucede apenas una semana después de que Kazakjstán fuera objeto de escrutinio por su pobre historial en materia de derechos sindicales en la Conferencia Internacional del Trabajo.
Baltabay es juzgado por la malversación de aproximadamente 28.000 $ EE.UU. de cuotas sindicales. Baltabay dice que el dinero está todavía en su poder, pero niega el fraude, afirmando que ha actuado así para proteger del dinero de sus miembros después de que el sindicato de trabajadores de la petroquímica, Decent Work, fuera disuelto por la fuerza en 2015.
En una intervención en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, el 18 de junio, la IndustriALL condenó la inadmisible situación de los derechos de los trabajadores en Kazakjstán. Se examinó la situación en el país por la violación del Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
La ley sobre los sindicatos en Kazakjstán dificulta enormemente el registro de los sindicatos, y se utiliza el código penal para tipificar como delito la huelga en el país.
Al mismo tiempo, líderes de sindicatos independientes como Larisa Kharkova, Amin Eleusinov y Nurbek Kushakbaev, han sido castigados y perseguidos en los tribunales. Los tres recibieron el premio Arthur Svensson de los derechos sindicales en 2018.
En una carta el presidente kazako, Kassym-Jomart Tokayev, el secretario general de la IndustriALL, Valter Sanches, dice:
“Condenamos el juicio en curso (de Baltabay) y los anteriores procedimientos penales contra Larisa Kharkova, Amin Eleusinov y Nurbek Kushakbaev, así como las tentativas de reprimir a los líderes de sindicatos independientes e impedirles que realicen su labor sindical. Creemos además que la intención es fomentar una atmósfera de temor e impedir que otros activistas y trabajadores ejerzan sus derechos y libertades fundamentales reconocidos universalmente."
Sanches pidió también al presidente que se cumplan las recomendaciones de la Comisión de Aplicación de Normas para mejorar los derechos sindicales en el país, tras una falta de progreso "persistente".