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Camboya: despiden a 724 trabajadores, incluidas mujeres embarazadas, de una fábrica de prendas de vestir

La pandemia de coronavirus continúa afectando severamente a los trabajadores camboyanos. El 13 de junio, Youli International (Cambodia) Garment Co. Ltd despidió a 724 trabajadores de la confección, incluidas 11 mujeres embarazadas.

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En mayo, la empresa china suspendió a 2000 trabajadores hasta fines de junio. Un mes después despidieron a 724 trabajadores.
La mayoría de los trabajadores son mujeres, y los despidos afectan su salario neto y a sus hijos dependientes. Las trabajadoras de la filial de Youli, Shuangli, organizaron una protesta en la entrada de la Zona Económica Especial, Shandong Sunshell (Svay Rieng), donde tiene sede la empresa.

 

Rescindieron el contrato del dirigente sindical local en Youli, Por Rado, porque se le acusa de usar las horas de trabajo para otros fines. El Sindicato Colectivo del Movimiento de Trabajadores (CUMW), afiliado a IndustriALL, condena a Youli y Shuangli por la represión sindical y la violencia contra los trabajadores.

El presidente de CUMW, Pav Sina, señaló:

“En varias ocasiones, los supervisores retorcieron el brazo de las trabajadoras, las patearon y les arrojaron prendas de vestir. Debemos detener estos actos violentos e insultantes”.

“Nuestros miembros han sido reprimidos, intimidados y discriminados por la gerencia de la fábrica únicamente por ser sindicalistas; la empresa está tratando de destruir el movimiento sindical en la fábrica. La represión sindical es evidente; después de despedir a 724 trabajadores, están reclutando nuevos empleados”.

La secretaria regional de la IndustriALL, Annie Adviento, pide a Youli que reincorpore a los trabajadores despedidos, para garantizar sus ingresos y seguridad alimentaria durante la pandemia de la COVID-19.

“La violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo es totalmente inaceptable e insto a la empresa a tomar medidas disciplinarias contra los supervisores acusados. Debería presentarse una denuncia, ya que se trata de delitos penales”.

“El Ministerio de Trabajo y Formación Profesional debe realizar una investigación exhaustiva sobre la denuncia de discriminación antisindical. Muchas empresas en la región están utilizando la crisis por la COVID-19 como pretexto para deshacerse de los dirigentes sindicales, el gobierno debe defender el estado de derecho y proteger a los sindicalistas”.

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