13 marzo, 2020Declaración del Consejo Global Unions
La rápida y amplia propagación del coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) y la enfermedad que ocasiona (COVID-19) requieren una urgente respuesta global para proteger la salud al tiempo y estimular la economía. Gobiernos y empleadores deben actuar para proteger a los trabajadores/as y frenar la transmisión en los lugares de trabajo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido ya que el coronavirus podría ocasionar una crisis económica similar a la recesión registrada en 2008. Resulta evidente la necesidad de que los Gobiernos actúen de manera coordinada y junto con las instituciones multilaterales para proteger la economía y mantener a las personas en el trabajo. La economía global necesita un estímulo económico que llegue a la economía real, a los trabajadores y a las pequeñas empresas, dando prioridad al empleo, el sustento y las comunidades. Es esencial apoyar los ingresos de todos los trabajadores, incluyendo los empleados a tiempo parcial, migrantes, no residentes, con empleos precarios o en la economía ‘gig’ e informal.
Los trabajadores y trabajadoras están en primera línea del impacto económico, social y sanitario del coronavirus COVID-19. De no protegerlos se incrementará la propagación de la enfermedad. Hay que tomar medidas especiales para conceder el derecho a bajas remuneradas por enfermedad a todos los trabajadores que no lo tengan, y mejorar las disposiciones en caso de enfermedad ahí donde existan, además de garantizar condiciones y arreglos de trabajo que ofrezcan la debida protección.
Los trabajadores que dependan de empresas de plataformas para su empleo deberían tener acceso a la protección social y la debida compensación de fondos a cargo de las propias empresas.
El mundo se enfrenta a una crisis inmediata y potencialmente grave. La propagación del virus a los países más pobres, donde la infraestructura y los servicios sanitarios son inadecuados, podría tener consecuencias catastróficas para cientos de millones de personas. A ello se suman las enormes presiones ejercidas sobre los sistemas de salud a causa del COVID-19 que podrían provocar nuevos desafíos considerables a la salud pública.
Aunque los trabajadores de todos los sectores se exponen a riesgos, son los profesionales de la salud los que están obligados a asumir la carga inmediata de las medidas de mitigación y tratamiento. En muchos países la financiación de la sanidad es insuficiente o la población no está cubierta por un sistema de salud, e incluso ahí donde los sistemas figuran entre los mejores del mundo, las consecuencias del COVID-19 podrían ser tremendas. La respuesta mundial ha de dar prioridad a esta cuestión.
Conforme se extiende el impacto del virus, el diálogo entre sindicatos, empleadores y gobiernos y la negociación colectiva adquieren una importancia vital para proteger tanto la salud de los trabajadores como sus derechos en el trabajo.
Los gobiernos deben estar a la altura del desafío, afrontar la crisis desde ya mismo y prepararse y prevenir futuras crisis sanitarias. Los trabajadores y sus lugares de trabajo resultan cruciales para ello.
El Consejo Global Unions (CGU), que representa a 200 millones de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, insta a los gobiernos a:
- Acordar de inmediato el derecho a bajas remuneradas por enfermedad, mantener los ingresos y extender la protección social a todos los trabajadores, incluyendo quienes tengan un empleo formal, aquellos con un empleo informal, precario o en la economía ‘gig’, sin importar su relación contractual;
- Adoptar paquetes de estímulo, con gasto estatal destinado a mantener los empleos y la economía, proteger salarios, el bienestar de los trabajadores, y las pequeñas y medianas empresas (PyME); y
- Cooperar e implicarse con instituciones multilaterales e incrementar la ayuda a los países con menos posibilidades de responder a la amenaza que representa el COVID-19 y asegurarse de que las instituciones financieras multilaterales evalúen las necesidades nacionales y respondan de manera apropiada.
El CGU insta a los empleadores a:
- Reconocer y negociar con los sindicatos para identificar las amenazas a la salud, los derechos y el bienestar de los trabajadores, y desarrollar y aplicar las respuestas adecuadas en el lugar de trabajo;
- Reconocer y ejercer su obligación de diligencia respecto a todos los trabajadores en sus empresas y a lo largo de la cadena de suministro, y mantener contratos con sus proveedores, dando prioridad a los derechos y el bienestar de esos trabajadores en su respuesta a las amenazas derivadas del coronavirus;
- Implicar a los representantes de los trabajadores en los procesos destinados a identificar, prevenir, mitigar y tener en cuenta las amenazas del COVID-19 y la evaluación de las respuestas de empleadores y gobiernos;
- Asegurar que planes y protecciones de la salud se establezcan y se sigan sin excepción;
- Proteger los salarios y pagas completas a todos los trabajadores por distintos medios establecidos de mutuo acuerdo y por medio de negociación colectiva;
- Garantizar permisos remunerados, en forma de bajas por enfermedad o vacaciones, desde el primer día, para cualquier trabajador amenazado o infectado por el COVID-19.
- Establecer fondos de compensación para todos los trabajadores –incluyendo aquellos con formas atípicas de empleo y contratos temporales– que sufran el impacto adverso del COVID-19 y las correspondientes respuestas; y
- Ofrecer condiciones de trabajo y arreglos adaptados y responsables en el lugar de trabajo para todos los trabajadores.
Todos los trabajadores y trabajadoras, cuando fuera necesario, deberán tener acceso a pruebas médicas gratuitas, tratamiento, equipamiento, formación y facilidades para recibirla, especialmente si se dedican a aportar servicios de salud. Ha de prestarse especial atención a la situación de los trabajadores migrantes, muchos de los cuales resultan particularmente vulnerables. Debe protegerse además la privacidad e información personal de los trabajadores que se sometan a pruebas y exámenes médicos como parte de la respuesta a la amenaza del COVID-19. Los trabajadores deberán poder volver a reincorporarse a su lugar de trabajo habitual tan pronto como resulte posible a nivel práctico en caso de que las medidas locales y/o nacionales de confinamiento les impidan hacerlo por motivos financieros o logísticos.
- El Consejo Global Unions está conformado por las siguientes organizaciones sindicales globales: Building and Wood Worker’s International, Education International, International Federation of Journalists, International Arts and Entertainment Alliance, IndustriALL Global Union, International Transport Workers’ Federation, International Trade Union Confederation, International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations, Public Services International,Trade Union Advisory Committee to the OECD y UNI Global Union.
Imagen: Los trabajadores de tránsito en la ciudad de Nueva York desinfectan las estaciones y los vagones del metro. (Andrew Cashin / MTA New York City Transit)