El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia de que GM Daewoo utilizó ilegalmente trabajadores de subcontratistas en sus cadenas de montaje. En una decisión del Tribunal Supremo de 2010 se declaró ilegal la práctica en Hyundai después de una difícil campaña del afiliado coreano a la IndustriALL Global Union el Sindicato Coreano de Trabajadores Metalúrgicos (KMWU) que organiza a trabajadores irregulares en el sector. La última decisión judicial viene a sumarse a la importante victoria del KMWU y supone responsabilidad penal y sanciones en forma de multas.
Tras una investigación, el Ministerio de Empleo y Trabajo ha observado también que un minorista coreano, K-Mart, utilizó ilegalmente trabajadores subcontratados. Estas decisiones deben poner freno a la injusta práctica laboral de otras compañías en toda Corea del Sur. El Tribunal determinó asimismo que tanto el fabricante como el empresario de la compañía asociada tienen el mismo grado de responsabilidad penal.
El 28 de febrero, el Tribunal Supremo confirmó la decisión del tribunal de apelaciones. El tribunal había dictaminado que David Nick Reilly, el ex presidente de GM Daewoo Motors, que había sido inculpado por violar la Ley sobre la protección de trabajadores por agencia temporeros, debía pagar una multa de 7 millones de won (6.457 $ EE.UU.). También se impuso multas de 3 a 4 millones a otros seis acusados, juzgados por los mismos cargos que Reilly, entre ellos un hombre llamado Kim, que es el presidente de una compañía asociada de GM Daewoo.
Los empleados irregulares reciben una fracción de lo que cobran sus compañeros fijos y son los primeros a los que se despide cuando la economía va mal. Corea tiene un gran número de trabajadores irregulares, y muchos de ellos son empleados por subcontratistas y trabajan para el contratista principal.
Con independencia de que esté prohibido enviar a trabajadores cedidos a las cadenas de montaje directas de los fabricantes, las compañías de la industria utilizan a trabajadores subcontratados ilegalmente, abusando de lagunas jurídicas por medio de la subcontratación. Ahora que el Tribunal Supremo ha establecido un precedente para el enjuiciamiento penal de empresarios, se esperan cambios en esas prácticas industriales.