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7 septiembre, 2023La empresa inversora Próspera demandó al Estado de Honduras por 10.700 millones de dólares por prohibir las zonas económicas especiales. El gobierno hondureño las derogó por considerar que socavan la soberanía nacional. Los sindicatos afirman que violan los derechos laborales.
Según informó el propio gobierno de Honduras fue a partir de las denuncias de más de 100 organizaciones sociales, gremiales y de defensores del patrimonio natural y cultural de pueblos originarios que el Congreso Nacional de Honduras derogó las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE) a comienzos del 2022.
El gobierno afirmó que violentaban la soberanía e independencia de la República, ya que permitían la existencia de zonas autónomas e independientes del resto del país. La derogación de las ZEDE entrará en vigor con la ratificación en la próxima legislatura de 2023, la sanción del Ejecutivo y la publicación en la gaceta oficial del Estado hondureño.
Sin embargo, en diciembre del año pasado, la empresa estadounidense de inversiones que está detrás de una de las tres zonas especiales del país, Próspera, presentó una demanda de Solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) al amparo del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana contra el gobierno de Honduras, donde solicitó casi 11.000 millones de dólares por daños y perjuicios.
Próspera se jacta de que su "sistema proempresarial de elección regulatoria" garantiza que las empresas puedan operar en las condiciones regulatorias más favorables del mundo.
33 legisladores demócratas estadounidenses le pidieron en mayo a la Administración del presidente Joe Biden que eliminara las disposiciones ISDS de los acuerdos comerciales actuales y futuros en el hemisferio, y que interviniera en nombre de Honduras contra la demanda millonaria de Próspera.
IndustriALL Global Union cuenta con una posición oficial adoptada en la reunión del Comité Ejecutivo de 2018 sobre el comercio justo y la política industrial donde, en relación con los ISDS, dice:
“Los gobiernos elegidos democráticamente deben tener libertad para concebir, adoptar e implementar políticas en interés de su pueblo sin la amenaza de ser demandados por corporaciones multinacionales a través de mecanismos de arbitraje internacional que no rinden cuentas, por ejemplo, el arbitraje internacional ISDS”.
Además, los sindicatos siempre expresaron su preocupación por las violaciones a los derechos de los trabajadores en las zonas francas, o maquilas como se conocen en Honduras, pero las controvertidas ZEDE fueron mucho más allá.
Las zonas fueron promovidas en 2021 por el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, actualmente encarcelado en Estados Unidos tras ser acusado de tráfico de drogas y armas. Estaban diseñadas para la construcción de ciudades, la extracción de recursos, la producción de energía, la manufactura, actividades bancarias y la expansión de mercados digitales desregulados.
Las ZEDE brindaban condiciones especiales por fuera de la jurisdicción local con el objetivo de atraer capital e inversiones que ayudaran al desarrollo económico de la nación. Eran territorios autorizados a funcionar con autonomía dentro del Estado de Honduras, incluso con policía y leyes propias.
En una reunión regional de IndustriALL celebrada a principios de agosto, Jony Acevedo de la Federación independiente de trabajadores de Honduras (FITH-CUTH, afiliada a IndustriALL) explicó cómo su federación sindical presionó a la actual Presidenta Xiomara Castro durante su campaña electoral e hizo un seguimiento con los congresistas para transmitirles las demandas de los trabajadores relacionadas a las ZEDE.
La federación sindical presentó un documento que contenía una serie de demandas de los trabajadores, que incluían la derogación de la ley de Empleo por Horas y de las disposiciones que criminalizaban esencialmente las actividades sindicales (que ya fueron suprimidas), y también pedían la ratificación del convenio 189 y 190 de la OIT (que aún no fueron ratificados) entre otras demandas.
“Las ZEDES no solo violaban la soberanía nacional, sino que estaban constituidas como ´pequeños estados´ dentro de nuestro país, lo cual las habilitaba para implantar su propia legislación laboral, condenando a los trabajadores de esas zonas a ser explotados al gusto de los inversores”
explicó Acevedo.
El secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, dijo:
"Apoyamos a los trabajadores, sindicatos, al gobierno y al pueblo de Honduras en sus intentos de poner fin a esta indignante demanda, defender la soberanía del estado democrático de Honduras y cambiar las reglas para garantizar un desarrollo sostenible con empleo decente.
No podemos aceptar la entrega de la soberanía nacional y someter a los trabajadores a territorios que no cuentan con la protección del estado y tampoco respetan los derechos humanos y sindicales mínimos garantizados a nivel internacional.”