27 agosto, 2018El 24 de abril de 2013, el mundo se dio cuenta de la realidad de las condiciones en las fábricas de la confección en Bangladesh. En esa fecha más de mil trabajadores y trabajadoras murieron y más de dos mil resultaron heridos debido al derrumbe de la planta Rana Plaza, donde se fabricaba prendas de vestir para abastecer a prestigiosas marcas occidentales.
A partir de esta horrible tragedia, el mundo comenzó a preocuparse por la seguridad de quienes fabrican su ropa, y cómo lo hacen. Después de desoír muchas advertencias, las marcas mundiales de indumentaria ya tuvieron que prestar atención a las peligrosas condiciones de trabajo en sus fábricas proveedoras. Se reveló que las auditorías de seguridad autorreguladas eran un engaño.
Los sindicatos mundiales, IndustriALL y UNI, aprovecharon el momento para establecer el Acuerdo de Bangladesh sobre seguridad en la construcción de edificios y de instalaciones de sistemas contra incendios, acuerdo sin precedentes, legalmente vinculante entre sindicatos y marcas. El objetivo: que ningún trabajador/a tenga por qué temer incendios, derrumbes u otros accidentes que podrían evitarse al aplicar medidas razonables de salud y seguridad. Significaba que las marcas tenían que asumir la responsabilidad de hacer que sus fábricas proveedoras sean seguras, y de contribuir para financiar el costo de las remediaciones.
Desde ese entonces, ingenieros que trabajan para el Acuerdo de Bangladesh, expertos en seguridad de edificios y medidas de protección contra incendios, han inspeccionado más de 1.600 fábricas donde se fabrican prendas de vestir para más de 200 marcas y minoristas. Las inspecciones iniciales identificaron 118.500 riesgos de incendio, eléctricos y estructurales, de los cuales se corrigió un 84%. El equipo de entrenamiento del Acuerdo ha realizado 2.838 sesiones de capacitación del comité de seguridad para los trabajadores/as de más de 1.000 fábricas.
El Acuerdo de Bangladesh funciona porque se hace respetar. Ante el Tribunal Permanente de Arbitraje en La Haya, se demandó a dos marcas internacionales que no cumplieron con sus compromisos legales. Gracias a esta acción, se pudo utilizar millones de dólares de indemnización para remediar los problemas que ponían en peligro la vida de los trabajadores/as en las fábricas proveedoras de esas marcas. Se han abonado otros US$ 300.000 a un fondo para apoyar el trabajo que realizan IndustriALL y UNI para mejorar los salarios y las condiciones de la fuerza de trabajo en las cadenas de suministro mundiales.
Cinco años después, el Acuerdo de Bangladesh es un modelo para las relaciones laborales, demostrando que las marcas y los sindicatos pueden trabajar conjuntamente para resolver problemas sistémicos. No cabe duda que la industria de la confección en Bangladesh es más segura, y que se han salvado muchas vidas.
Sin embargo, no se ha terminado el trabajo del Acuerdo, que venció a fines de mayo de 2018. Todavía existen demasiados problemas que ponen en peligro la vida de la gente en las fábricas proveedoras. Por este motivo, más de 180 marcas (con otras que vienen en camino) han firmado el nuevo Acuerdo de Transición 2018, que ya cubre a aproximadamente 2 millones de trabajadores/as de la confección en Bangladesh, en su mayoría mujeres.
El Acuerdo de 2018 tiene mayor alcance, cubriendo calzado y textiles para el hogar, y otorga más poder a los trabajadores/as, lo cual es un factor clave. El nuevo Acuerdo cumple con las Directrices de la OCDE sobre la Diligencia Debida para la Gestión Responsable de las Cadenas de Suministro en el Sector de la Confección y el Calzado, reconociendo que los trabajadores/as no son secundarios, sino parte esencial del proceso de diligencia debida. El Acuerdo defiende la importancia de la libertad de sindicación para asegurar que los trabajadores/as tengan voz y voto auténticos en la protección de su propia seguridad. También establecerá un protocolo respecto a la capacitación y quejas de tal manera que se respete este derecho.
Si los trabajadores/as no tienen derechos, no perdurarán los avances logrados en materia de salud y seguridad. En Bangladesh, continúan la grave violencia y discriminación antisindicales, lo que hace que frecuentemente sea imposible que los trabajadores/as formen sindicatos y realicen negociaciones colectivas.
Los países de la OCDE deben denunciar los ataques contra los trabajadores/as y sindicatos en Bangladesh. Los países miembros de la OCDE tienen el compromiso de defender los derechos laborales fundamentales y suscribirse a las Directrices para comprometer a las empresas multinacionales a asumir responsabilidad por los trabajadores/as en sus cadenas de suministro mundiales. Esto también debe incluir trabajar con los sindicatos a nivel nacional o sectorial para lograr salarios que, por lo menos, satisfagan las necesidades básicas de los trabajadores/as y sus familias.
La UE, como el mayor socio comercial de Bangladesh, también tiene un papel importante que desempeñar. Bangladesh se beneficia de aranceles comerciales preferenciales en virtud del Sistema de Preferencias Generalizadas de la UE. A su vez, se pide que Bangladesh ponga en práctica los convenios clave de derechos humanos de la ONU y de la Organización Internacional del Trabajo. Es evidente que Bangladesh no cumple con este requisito, a pesar de haberle dado a ese país muchas oportunidades para corregir la situación. Los países de la OCDE, muchos de los cuales también son miembros de la UE, no pueden hacer vista gorda ante estas violaciones de los derechos. Deben denunciar estas irregularidades.
El Acuerdo de Bangladesh continuará su trabajo hasta 2021, o hasta que el gobierno de Bangladesh esté en condiciones para encargarse de esas funciones.
Contamos con las herramientas necesarias para poder mejorar el sector de la confección. Debemos usarlas. Nunca había sido tan intensa la presión pública para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores/as de la confección: ahora es el momento de promover el cambio. De ello depende la vida de los trabajadores/as de la confección en Bangladesh y en muchos otros lugares.
Este artículo fue publicado originalmente en el OECD Observer
©OECD Observer, agosto de 2018