7 noviembre, 2019La India se ha retirado del acuerdo comercial de la RCEP mientras los otros 15 países anunciaron el final de las negociaciones y un compromiso de firmar el acuerdo en 2020.
Luego de siete años y 28 rondas de negociaciones comerciales de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) se esperaba que se anuncie la conclusión del acuerdo en la tercera Cumbre de Líderes de la RCEP que se celebró el 4 de noviembre de 2019 en Bangkok.
Sin embargo, en un contexto de protestas nacionales sin precedentes, la India decidió retirarse de la RCEP, dado que muchas cuestiones centrales siguen pendientes.
Según la Declaración Conjunta de los Líderes de la RCEP, han finalizado las negociaciones entre 15 países con el fin de concretar los 20 capítulos y se pretende firmar el texto definitivo en 2020. El texto pasará por un análisis jurídico a cargo de abogados para garantizar su coherencia interna, así como su claridad y cumplimiento con la legislación pertinente. Los países de la RCEP trabajarán de forma conjunta para abordar las cuestiones pendientes, y la decisión final de la India estará sujeta a la resolución de estos problemas de manera satisfactoria.
Valter Sanches, secretario general de IndustriALL Global Union, declaró:
“Nos sigue preocupando la falta de un proceso democrático en las negociaciones de la RCEP. Dado que se han culminado los 20 capítulos, la RCEP debe divulgar el texto de manera inmediata para propiciar un debate público informado”.
La RCEP no debería afectar el espacio político del gobierno para concretar políticas comerciales e industriales adecuadas de conformidad con las necesidades de desarrollo actuales y futuras. De haber obstáculos de este tipo en el texto actual, estos deben eliminarse.
“Los países de la RCEP no pueden mantenerse indiferentes antes las violaciones a los derechos humanos y de los trabajadores en los países miembros. La RCEP debe incluir un capítulo dedicado al desarrollo sostenible que contenga disposiciones que promuevan las normas fundamentales del trabajo de la OIT y protejan el medio ambiente. Debería además incluirse un compromiso de encontrar un mecanismo efectivo de implementación y control con la participación de los sindicatos”.
En consonancia con el plan de acción mundial de políticas comerciales e industriales de IndustriALL, en el mes de junio pasado los afiliados de IndustriALL en Asia y el Pacifico desarrollaron un plan de acción regional. En consecuencia, en julio, los afiliados de IndustriALL junto con otras federaciones de sindicatos mundiales expresaron su profunda preocupación por la falta de un proceso democrático, la necesidad de conservar un espacio de políticas de desarrollo y otras cuestiones. En agosto llevaron a cabo diversas medidas para exigir un régimen comercial justo durante el Grupo Laboral 20, la respuesta sindical a la Cumbre del G20.
Tanto la sociedad civil como los sindicatos han expresado su preocupación en diversas oportunidades, manifestando que es inaceptable que los gobiernos de la RCEP no mantengan un diálogo social productivo con los sindicatos, agricultores y otros sectores de la sociedad.
Según los informes, algunas de las cuestiones que planteó la India fueron la inclusión de un mecanismo especial de salvaguarda para controlar el aumento de las importaciones, la circulación de profesionales y el cambio del año base para la reducción de aranceles de 2014 a 2019, así como las normas para la transferencia transfronteriza de datos. La India también se opuso a las disposiciones “graduales” y a la aplicación de un principio de naciones más favorecidas respecto a las inversiones y los servicios.
La RCEP es un acuerdo entre diez países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y sus cinco socios: Australia, China, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Los veinte capítulos concretados abarcan el comercio de bienes, las normas de origen, la facilitación del comercio, las medidas comerciales correctivas, los servicios, el movimiento de personas físicas, las inversiones, la propiedad intelectual, el comercio electrónico, las compras del sector público, la competencia y la solución de controversias.