27 junio, 2013El sábado 22 de junio, tras diez años de acuerdos nacionales por separado, las tres grandes confederaciones sindicales italianas, CGIL, CISL y UIL, aunaron sus fuerzas en la plaza San Giovanni de Roma.
Más de 100.000 miembros de las tres organizaciones sindicales italianas presentaron una fuerte y clara demanda al Gobierno: poner fin a promesas sin contenido y establecer como prioridades urgentes reformas fiscales, crear estímulos para la creación de empleo y su protección, una política industrial para el empleo de los jóvenes, y una solución al paro.
Antes de la reunión en la plaza San Giovanni hubo dos largas procesiones, en las que activistas portaban pancartas en las que se exigía “Trabajo y democracia” para Italia.
Los sindicatos piden una reforma fiscal con reducciones de impuestos para los trabajadores, los pensionistas y las empresas que creen empleo. Por otro lado, la CGIL, la CISL y la UIL también exigen al Gobierno que aplique una política industrial que fomente la creación de empleo y proteja al mismo tiempo a quienes más sufren.
Dirigiéndose a la manifestación, Luigi Angeletti, de la UIL, acusó al Gobierno de falta de voluntad política para introducir cambios, y afirmó: “Desde hace muchos años no hay en Italia política industrial, y como consecuencia cierran empresas. Esto no se debe a la crisis económica mundial, sino que es el resultado una incapacidad política para tomar decisiones correctas” y reivindicó en primer lugar una reforma fiscal, “porque la situación fiscal es un verdadero drama en este país. Los impuestos de los empresarios son inferiores al promedio pagado por los empleados”. Respecto al trabajo precario, el líder de la UIL también dijo que el único cambio que puede marcar realmente una diferencia en la política industrial sería la decisión de “que los contratos permanentes sean más baratos que los flexibles”.
Susanna Camusso, secretaria general de la CGIL, instó al Gobierno a basar su política en un modelo centrado en el trabajo “que proporcione dignidad, libertad e independencia, pues de lo contrario la democracia estará en peligro, además de la economía del país”.
Raffaele Bonanni, de la CISL, pidió al Gobierno que “sea valiente” y se ponga del lado de los trabajadores, en lugar de seguir “la rutina bizantina de la política antigua”.