27 noviembre, 2025Sudáfrica declaró formalmente la violencia de género y el femicidio como un desastre nacional, para lo que invocó la Ley de Gestión de Desastres de 2002. La decisión, anunciada tras las manifestaciones generalizadas que coincidieron con la Cumbre del G20, celebrada en Johannesburgo en noviembre de 2025, supone un cambio político significativo tras años de presión por parte de la sociedad civil y los sindicatos y una aplicación sistemáticamente deficiente de la legislación vigente.
Por primera vez, la violencia de género y el femicidio se tratarán en el mismo marco jurídico y administrativo que los desastres naturales, lo que permitirá desbloquear recursos presupuestarios adicionales, mejorar la coordinación intergubernamental y adoptar un enfoque estructurado para la prevención, la respuesta y la recuperación.
Las estadísticas sobre la violencia de género y el femicidio en el país son impactantes. Según el Consejo de Investigación en Ciencias Humanas (HSRC), 7,3 millones de mujeres han sufrido violencia física, mientras que 2,1 millones han sobrevivido a agresiones sexuales. El índice de femicidios es cinco veces superior a la media mundial.
La declaración es el resultado de una campaña de diez años de duración llevada a cabo por sindicatos y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, que habían destacado en repetidas ocasiones el fracaso de las medidas legislativas anteriores, incluido el Plan Estratégico Nacional sobre Violencia de Género y Femicidio de 2018, a la hora de traducirse en una implementación eficaz. A pesar de la promulgación de leyes más estrictas sobre la violencia doméstica, los delitos sexuales y el acoso en el lugar de trabajo, las tasas de imposición de penas siguen siendo extremadamente bajas y la inacción sistémica de la policía desalienta la denuncia de estos delitos.
La movilización pública alcanzó su punto álgido durante la Cumbre del G20 con la acción “G20 Women's Shutdown”, en la que las trabajadoras lideraron un silencio de 15 minutos en honor a las mujeres que han sido asesinadas o heridas y, en muchos casos, se ausentaron del trabajo. Se presentó al Gobierno una petición con más de un millón de firmas, amplificando las demandas de larga data del proceso de participación de Labour 20 (L20). Los sindicatos habían argumentado en la Cumbre L20 de julio de 2025 que la violencia de género sostenida impone costos económicos sustanciales debido a la pérdida de productividad, el ausentismo, los gastos de salud y la erosión de la participación de la mujer en la fuerza laboral.
El impacto económico es particularmente grave en los sectores con alta concentración de trabajadoras. Se han producido muertes tanto en el ámbito doméstico como en el laboral. Entre los casos más destacados se encuentran el asesinato de Thembisile Yende en las instalaciones de Eskom en 2017 y el asesinato de Pinky Mosiane en una mina subterránea de Anglo-American Platinum en Rustenburg, ambos denunciados por afiliados de IndustriALL, el Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica (NUMSA) y el Sindicato Nacional de Mineros (NUM), respectivamente. Mientras que el caso Yende sigue sin resolverse, en el de Mosiane el autor recibió dos penas de cadena perpetua, según los informes judiciales.
Con la clasificación de la violencia de género y el femicidio como un desastre nacional, el Estado obtiene acceso al marco normativo integrado previsto en el artículo 7 de la Ley de Gestión de Desastres, que refiere a la prevención y reducción de riesgos, la mitigación, la preparación, la respuesta rápida y la recuperación posterior. Se espera que esto se traduzca en una asignación de fondos específica, la creación de una estructura nacional de coordinación dedicada y la obligatoriedad de presentar informes y métricas de rendimiento en todas las provincias y departamentos.
La decisión también refuerza la incorporación a la legislación nacional del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019), que Sudáfrica ratificó en 2021. La Recomendación 206 que lo acompaña ofrece pautas detalladas sobre la evaluación de riesgos, las medidas de prevención y las soluciones en el mundo del trabajo, ámbitos en los que la implementación se había retrasado anteriormente.
Christine Olivier, secretaria general adjunta de IndustriALL, expresó:
“Se trata de un paso importante hacia la adopción de medidas eficaces para poner fin a la violencia de género y el femicidio, especialmente frente a la falta de resolución de los crímenes y la impunidad de los agresores, que estaban desanimando a las mujeres a denunciar. Además, también es un avance importante hacia la aplicación de las leyes nacionales y del Convenio 190 y la Recomendación 206 de la OIT”.
Imagen: NUMSA