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Trabajadores de la industria naval argentina denuncian criminalización de la protesta social

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29 enero, 2019Los trabajadores sindicalizados de Astilleros Río Santiago denuncian ser víctimas de criminalización de la protesta social por parte del gobierno argentino.

Según la Coordinación Nacional de Trabajadores/as de Industria de la CTA Autónoma, los dirigentes sindicales y empleados de Astillero Río Santiago (sindicalizados en la ATE) son perseguidos y enjuiciados por ejercer el derecho fundamental a la organización, la negociación colectiva y la huelga.

Varios trabajadores fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad provinciales en diversas protestas efectuadas en 2018, y objetos del hostigamiento tanto de las autoridades directivas del Astillero, como del gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

A su vez, tanto el Secretario General de ATE y CTA Provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, como el Secretario General de ATE Ensenada, Francisco Banegas, fueron imputados penalmente de manera injusta.

Isasi y Banegas protagonizaran una ocupación pacifica del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires el 18 de septiembre. Exigían una respuesta a los reclamos de los empleados, luego de que los funcionarios del gobierno provincial incumplieran las promesas realizadas durante las etapas de diálogo.

Los reclamos incluían mantener la propiedad estatal de la fabrica, la inversión publica en tecnología y salud laboral. A su vez, pedían el financiamiento para la construcción de embarcaciones, la soberanía de la industria naval y el pleno empleo de los trabajadores del Astillero.

Luego de nuevas movilizaciones y negociaciones, su lucha tuvo un desenlace exitoso el 27 de diciembre, cuando el gobierno firmó un compromiso para reactivar la empresa y no privatizarla. Sin embargo, los trabajadores resaltan que el triunfo se ve opacado por la actual criminalización de la protesta social.

“Básicamente venimos llevando a cabo una lucha para impedir el cierre del Astillero. Logramos, en ese sentido, que no haya despidos ni cierre pero hubo recortes salariales que no pudimos revertir, y a la comisión administrativa del gremio no les pagan el salario hace 5 meses, ni obra social, aportes, nada.

Paralelamente hubo una judicialización de la protesta social. Hay una persecución política y judicial. Nos hicieron causa por las medidas de acción que tomamos para defender lo nuestro“

explicó el secretario de acción política de ATE Ensenada, Diego Seimandi.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL Global Union, Marino Vani, expresó:

“IndustriALL Global Union repudia toda persecución a cualquier trabajador con causa judicial solo por haber hecho uso de su derecho a huelga y a defender su empleo. Ante estos graves sucesos, denunciamos y condenamos públicamente la situación y exigimos su solución inmediata.”