16 julio, 2026Yarema Zhuhaievych, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica y de la Construcción de Maquinaria de Ucrania (TUAMBWU), se encuentra en prisión preventiva desde el 1 de mayo de este año. La fianza que se le ha impuesto supera con creces sus posibilidades económicas.
Zhuhaievych fue detenido en su calidad de presidente del consejo de supervisión de PJSC Ukrproftur, una empresa creada por la Federación de Sindicatos de Ucrania y dedicada a la gestión de los bienes sindicales, que lo designó para representarla como accionista. Los delitos imputados se derivan de decisiones que el consejo adoptó de forma colectiva, dentro de sus competencias legales, y que él estaba obligado a firmar.
Este debería ser un litigio patrimonial ante los tribunales civiles y mercantiles de Ucrania. En cambio, se ha convertido en un proceso penal contra un dirigente sindical concreto. Una sentencia firme del Tribunal Supremo de Arbitraje de Ucrania, que data de enero de 1997, confirmó la legalidad de la constitución de Ukrproftur.
El Comité de Libertad Sindical de la OIT ha constatado en repetidas ocasiones que la detención de dirigentes sindicales por sus actividades legítimas constituye una violación grave de la libertad sindical. Así lo establecen los Convenios 87 y 98, ambos ratificados por Ucrania. El caso forma parte de un conflicto de larga duración sobre los bienes sindicales en este país, algunos de cuyos aspectos han llegado a los órganos de supervisión de la OIT. Además, se produce en un momento en que la situación de la legislación laboral ya preocupa a los sindicatos ucranianos.
Asimismo, resulta incongruente con el proceso de adhesión de Ucrania a la UE. La independencia judicial y el Estado de derecho constituyen el núcleo de las negociaciones de adhesión. Un país no puede avanzar hacia Europa mientras persigue penalmente a los dirigentes sindicales por desempeñar su labor.
Junto con industriAll Europe, IndustriALL Global Union envió una carta al presidente de Ucrania, a su fiscal general, a la OIT y a la Comisión Europea, en la que se exige la puesta en libertad de Yarema Zhuhaievych.
“Deben retirarse los cargos que se le imputan, la disputa sobre los bienes debe resolverse en los tribunales civiles, que son la instancia competente, y deben respetarse los derechos sindicales. En otras palabras, se le está procesando por cumplir con lo que le exigían su mandato y la ley. Lo que nos preocupa es el uso del derecho penal, y de la prisión preventiva prolongada, contra un dirigente sindical por hacer su trabajo”,
afirmaron Judith Kirton-Darling, secretaria general de industriAll European Trade Union, y Atle Høie, secretario general de IndustriALL Global Union.