11 mayo, 2023En el primer aniversario de la toma de posesión del presidente Yoon, el Consejo Global Unions (CGU), que representa a 200 millones de trabajadores y trabajadoras a nivel mundial, expresa su profunda preocupación por los recientes ataques, el acoso judicial y la interferencia contra las actividades legítimas de los sindicatos y los derechos laborales en Corea del Sur.
Es inaceptable que esta represión continúe a pesar de que Corea del Sur se ha adherido a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y ratificado, hace dos años, el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad sindical y el Convenio 98 sobre la negociación colectiva.
El Primero de Mayo, Yang Hoe-Dong, líder de distrito del Sindicato Coreano de Trabajadores de la Construcción (KCWU), murió trágicamente luego de prenderse fuego para protestar contra el acoso de las autoridades gubernamentales a los sindicalistas. Yang, que había sido una de las víctimas de ese acoso, falleció por complicaciones de sus graves quemaduras.
Antes de su inmolación, el sindicalista dejó un mensaje en el que expresó que, aunque había llevado a cabo sus deberes sindicales de forma lícita, lo habían acusado de obstrucción de las actividades de la empresa, coerción y extorsión. La inmolación de Yang recuerda a las épocas más oscuras en la historia del movimiento sindical surcoreano.
Los cargos penales falsos de coerción y extorsión contra sindicalistas se derivan de la política antisindical de la administración del presidente Yoon Suk-yeol. Cuando se trata de las relaciones laborales, el Gobierno no utiliza el diálogo social, sino las fuerzas policiales. En el sector de la construcción, la policía inició una investigación especial, dirigida a los sindicatos, con el único fin de criminalizar las actividades sindicales normales. Siguiendo el discurso antisindical del presidente, que compara a los sindicatos de la construcción con criminales organizados, la policía usó intencionalmente esta lógica para difamar al sindicato, con un efecto devastador sobre la dignidad de los dirigentes sindicales. Yang fue uno de los 950 funcionarios sindicales convocados por la policía durante la investigación especial. Actualmente, 16 de ellos se encuentran detenidos bajo estos cargos penales.
La represión sindical de parte del Gobierno no se limita al sector de la construcción: las definiciones restrictivas en la legislación laboral han generado una criminalización de las actividades sindicales cotidianas. Por ejemplo, en noviembre de 2022, se declaró ilegal una huelga de conductores de camiones de carga. Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) demandó por 47 mil millones de wones surcoreanos (aproximadamente 35,6 millones de dólares o 32,3 millones de euros) a cinco dirigentes sindicales en relación con el incumplimiento de los objetivos de producción durante una huelga. Esta medida fue una clara represalia destinada a socavar el ejercicio de los derechos sindicales fundamentales por parte de los trabajadores subcontratados.
A pesar de las explícitas recomendaciones de la OIT, los órganos de tratados de la ONU y el Panel de Expertos establecido como parte del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Corea, el Gobierno continúa bloqueando cualquier posibilidad de modificar la Ley sobre los Sindicatos y la Armonización de las Relaciones Laborales para ajustarla a las normas internacionales.
Además, la Administración Yoon ha iniciado una campaña sistemática de desprestigio contra los sindicatos basada en acusaciones infundadas de corrupción e irregularidades administrativas. El CGU ha observado con gran preocupación que las autoridades están interfiriendo en la gestión y las actividades de los sindicatos, exigiendo la presentación de copias de los presupuestos sindicales y la modificación de sus constituciones. Estas conductas corresponden a graves violaciones del derecho a la libertad sindical consagrado en el Convenio 87 de la OIT.
La retórica antisindical del presidente Yoon Suk-yeol y el uso ilegítimo de fiscales y policías para atacar a los sindicatos han generado un ambiente hostil que se ha extendido a los lugares de trabajo de todo el país, donde los ataques contra sindicalistas son cada vez más violentos. El 4 de mayo de 2023, un gerente de ILJIN Hysolus, empresa proveedora de Hyundai Motor y BMW, embistió su automóvil contra los dirigentes de la sección local del sindicato, golpeando a tres de ellos y causando heridas graves al vicepresidente del sindicato.
El CGU condena la criminalización de la actividad sindical y las redadas en las oficinas sindicales lideradas por la Administración Yoon. Hacemos un llamado al Gobierno de Corea del Sur para que cumpla con sus obligaciones internacionales, respete plenamente los derechos a la libertad sindical y la negociación colectiva, y ponga fin a la represión del movimiento sindical del país.
El CGU exige la liberación y el retiro de todos los cargos contra los trabajadores que han sido detenidos por ejercer sus derechos sindicales fundamentales. Asimismo, instamos al Gobierno a poner fin a todos los actos de difamación y criminalización contra los sindicalistas, que, en lugar de fomentar la estabilidad en las relaciones laborales, crean un clima de miedo e intimidación hostil para los trabajadores y trabajadoras que ejercen los derechos consagrados por el derecho nacional e internacional.
La sindicalización es un derecho, no un crimen.
El CGU apoya al movimiento sindical de Corea del Sur en su lucha continua por la libertad y la justicia, y envía su más sentido pésame a la esposa y los hijos de Yang Hoe-Dong, así como a su familia sindical.