20 agosto, 2026IndustriAll Europe e IndustriALL Global Union instan a la Comisión Europea a situar a los trabajadores, a los sindicatos y al diálogo social en el centro de las futuras directrices sobre la aplicación de la nueva Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD).
El objetivo de las directrices es proporcionar a las empresas instrucciones prácticas y detalladas, así como criterios claros, sobre cómo cumplir con sus obligaciones de diligencia debida en sus actividades diarias, con el fin de garantizar que las normas sigan siendo realistas, uniformes y jurídicamente predecibles. Sin embargo, los sindicatos advierten de que este enfoque práctico no debe poner en riesgo su eficacia. En una propuesta conjunta presentada en el marco de la consulta de la Comisión sobre estas directrices, IndustriAll Europe e IndustriALL Global Union hacen hincapié en que una diligencia debida efectiva en materia de derechos humanos no puede reducirse a un mero ejercicio de cumplimiento normativo para las empresas, sino que debe aportar mejoras tangibles para los trabajadores a lo largo de las cadenas de suministro globales.
Esta propuesta se basa en las lecciones extraídas del proyecto conjunto ABC of RBC (“Elementos básicos de la responsabilidad social empresarial”), cuyo objetivo ha sido dotar a las redes sindicales de herramientas prácticas para orientarse en materia de conducta empresarial responsable y diligencia debida. A través de intercambios que abarcan los sectores de la confección, siderúrgico, minero y automotriz, el proyecto ha recopilado pruebas de primera mano sobre lo que funciona y en qué aspectos se quedan cortos los enfoques actuales.
Las realidades sectoriales exigen enfoques diferentes
Una lección clara es que no existe una solución única para todos. Las cadenas de suministro de la confección se caracterizan por una subcontratación fragmentada y unas prácticas de compra que dificultan el seguimiento de los riesgos. Las industrias extractivas se enfrentan a graves riesgos en materia de derechos humanos y ambientales, mientras que las industrias automotriz y de los metales deben hacer frente a nuevos retos relacionados con las materias primas críticas, las baterías y la transición verde. Según las federaciones sindicales, las directrices de la Comisión deben reconocer estas realidades sectoriales y abordar las causas estructurales de las violaciones de los derechos laborales y humanos.
Es fundamental que los trabajadores y sus representantes participen directamente. Las auditorías, los cuestionarios y las iniciativas de múltiples partes interesadas no pueden sustituir a la participación genuina de los trabajadores ni a la supervisión independiente de los sindicatos. Los trabajadores suelen ser los primeros en detectar los problemas, lo que convierte a los sindicatos en un sistema esencial de alerta temprana de los riesgos en las cadenas de suministro.
Por lo tanto, las empresas deberían proporcionar a los representantes sindicales la información, la capacitación y el tiempo que necesitan para participar de manera eficaz en la diligencia debida. También deberían promoverse los instrumentos transfronterizos existentes, incluidos los Acuerdos Marco Globales, como herramientas clave para poner en práctica la diligencia debida a escala mundial.
En el núcleo de esta propuesta se encuentra una exigencia clara: la libertad sindical y la negociación colectiva deben reconocerse como derechos que revisten un carácter habilitador.
Cuando los trabajadores no pueden organizarse libremente ni denunciar problemas por temor a represalias, persisten riesgos graves ocultos. Esto puede traducirse en condiciones inseguras y exposición a sustancias tóxicas en sectores como la minería, la metalurgia y la industria automotriz, o en el robo de salarios, la violencia de género y el trabajo precario en las fragmentadas cadenas de suministro de la confección.
La Comisión debe garantizar que la libertad sindical sea un elemento central a la hora de evaluar los riesgos a lo largo de las cadenas de suministro.
“La diligencia debida no puede ser algo que las empresas hagan respecto a los trabajadores sin que estos participen. Los sindicatos están presentes sobre el terreno cada día y saben dónde residen los riesgos. Si los trabajadores no pueden organizarse, negociar colectivamente ni plantear sus inquietudes sin temor, los abusos seguirán ocultos. Por lo tanto, las directrices de la Comisión deben situar a los sindicatos y al diálogo social en el centro de la aplicación, no como un mero trámite que cumplir, sino como la base para que la diligencia debida genere un cambio real”,
expresó Judith Kirton-Darling, secretaria general de industriAll Europe.
El mensaje es claro: para que la CSDDD genere un cambio real, en lugar de convertirse en una nueva carga de presentación de informes sobre cumplimiento normativo, su aplicación debe articularse en torno a los trabajadores, los sindicatos y un diálogo social sólido.
Atle Høie, secretario general de IndustriALL Global Union, afirmó:
“Desde las fábricas de ropa de Bangladesh hasta las minas y las acerías que hemos analizado en el marco del proyecto ABC of RBC, las conclusiones son las mismas: los trabajadores saben dónde están los riesgos, y los sindicatos pueden actuar basándose en ese conocimiento. Las directrices que dejan de lado la negociación colectiva y la libertad sindical no cumplirán su cometido para los trabajadores a quienes esta directiva pretende proteger. La Comisión tiene la oportunidad de hacer de la diligencia debida una herramienta con efectos reales, y eso comienza por situar a los sindicatos en la mesa de negociación, no al margen”.