30 enero, 2026Cinco años después de que el ejército tomara el poder en Myanmar, los trabajadores y trabajadoras siguen sufriendo represión, mientras que las elecciones fraudulentas, las denuncias internacionales y las medidas sin precedentes de la OIT ponen de manifiesto la incapacidad de la junta para garantizar los derechos y la democracia.
Desde que la junta militar tomó el poder el 1 de febrero de 2021, se han prohibido los sindicatos independientes, se ha detenido a dirigentes sindicales y se han suprimido las libertades fundamentales. Bajo este régimen, más de 7000 civiles han sido asesinados y millones han sido desplazados y obligados a huir de sus hogares.
A finales del año pasado, los militares convocaron unas elecciones que silenciaron a la oposición democrática. Estos comicios han sido ampliamente rechazados como una farsa diseñada para legitimar el control militar continuo, en lugar de reflejar la voluntad del pueblo. A ningún observador internacional creíble se le ha permitido supervisar la votación, y muchos partidos políticos fueron prohibidos o disueltos antes de las elecciones.
IndustriALL renovó su llamado a las marcas y empresas para que se retiren de Myanmar, al señalar que una diligencia debida reforzada no puede mitigar los riesgos inherentes a operar bajo una dictadura que prohíbe los sindicatos independientes, encarcela a los trabajadores y viola sistemáticamente los derechos laborales.
La industria textil y de la confección es una importante fuente de divisas para el régimen, ya que aporta fondos para armas, municiones y combustible. Los trabajadores y trabajadoras que producen prendas de vestir y calzado en Myanmar trabajan en zonas industriales bajo la ley marcial. En 2023, una comisión de investigación de la OIT constató violaciones generalizadas de los convenios sobre libertad sindical y trabajo forzoso. En julio se recibieron nuevos informes sobre la detención de dirigentes sindicales y activistas obreros por cargos no especificados.
En 2024, IndustriALL Global Union presentó denuncias ante los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE contra importantes marcas de ropa, entre ellas Next, New Yorker, LPP y Sioen, por infringir las directrices de la OCDE para una conducta empresarial responsable al seguir abasteciéndose en Myanmar. Estas denuncias cuentan con el respaldo de los sindicatos de Myanmar CTUM e IWFM, que ahora operan en el exilio. Según ellas, estas empresas se benefician de las violaciones generalizadas de los derechos laborales bajo el régimen militar, donde la libertad sindical es imposible y existen informes de trabajo forzoso.
En junio de 2025, la Conferencia Internacional del Trabajo dio un paso histórico al invocar el artículo 33 de la Constitución de la OIT contra la junta militar de Myanmar, en una resolución en la que se pedía el fin de los flujos financieros al régimen. Esta medida excepcional responsabiliza a la junta militar de violaciones graves y persistentes de los derechos humanos y laborales. Además, la decisión envía un mensaje contundente que pone de relieve las continuas infracciones de las normas fundamentales del trabajo, incluida la libertad sindical y el uso del trabajo forzoso.
Atle Høie, el secretario general de IndustriALL, declaró:
“Mientras Myanmar cumple otro año desde el golpe de Estado, el movimiento sindical se solidariza con los trabajadores y trabajadoras que siguen luchando por los derechos fundamentales, las libertades democráticas y el trabajo decente. Las elecciones fraudulentas del ejército no pueden ocultar la realidad de la represión, el trabajo forzoso y la negación sistemática de los derechos laborales. Los gobiernos, las marcas y las instituciones internacionales deben dejar de actuar como si nada hubiera pasado y tomar medidas concretas para poner fin al apoyo financiero a la junta.”