12 febrero, 2026La diligencia debida en materia de derechos humanos (DDDH) se está convirtiendo rápidamente en un instrumento clave de organización sindical en toda África, especialmente para los sindicatos presentes en las cadenas de valor que se extienden desde los consumidores del norte global hasta las fronteras extractivas del sur global. El 9 de febrero, al margen de la Indaba sobre Minería celebrada en Ciudad del Cabo, se organizó una mesa redonda que reunió a los sindicatos y al Centro de Competencia para la Diligencia Debida en materia de Derechos Humanos (CCHRDD, por sus siglas en inglés) con el fin de explorar cómo los sindicatos podrían aprovechar este marco.
En África Subsahariana, la necesidad de la DDDH es especialmente acuciante, dado el papel preponderante de la región en el suministro de minerales fundamentales para la transición energética, la industria electrónica y las energías renovables. El continente posee grandes reservas de cobalto, cobre, litio, manganeso y níquel, cuya demanda ha aumentado considerablemente debido a las iniciativas de descarbonización en todo el mundo. Sin embargo, la extracción sigue estando plagada de riesgos para los derechos humanos: desplazamientos forzados de comunidades, violaciones de los derechos humanos y laborales, degradación ambiental, efectos adversos para la salud de las poblaciones locales y, en algunos casos, vínculos con la financiación de conflictos o el crimen organizado.
La DDDH se basa en los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas (PRNU), aprobados en 2011, que imponen a las empresas la responsabilidad de respetar los derechos humanos mediante procesos continuos de identificación, prevención, mitigación y reparación de los impactos adversos. Las directrices específicas para el sector, en particular la Guía de la OCDE sobre la diligencia debida para las cadenas de suministro responsables de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo, han tenido una gran influencia en el caso del estaño, el tantalio, el tungsteno y el oro en zonas de conflicto como el este de la República Democrática del Congo (RDC).
El panorama de la minería en África Subsahariana presenta una realidad compleja. Las operaciones a gran escala, a menudo controladas por multinacionales de China, Europa, Canadá y otros lugares, se enfrentan a críticas constantes por la falta de consulta a las comunidades, la contaminación del agua y el suelo, las condiciones de trabajo peligrosas, los salarios de miseria, la violencia y el acoso basados en género y la represión de la actividad sindical, incluidas las violaciones de la libertad sindical y la negociación colectiva. La minería artesanal y en pequeña escala (MAPE), predominante en países como la RDC, Ghana, Tanzania y Zimbabue, agrava estas vulnerabilidades debido al trabajo infantil, la exposición al mercurio tóxico y la explotación por parte de redes criminales.
Los datos del Monitor de Minerales de Transición (Transition Minerals Tracker) del Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos ponen de relieve la magnitud del problema. Por ejemplo, entre 2010 y 2024, se registraron 178 abusos contra los derechos humanos y el medioambiente relacionados con los minerales de transición en África, lo que supone más del 20 % del total mundial de 835 casos. Solo la RDC representó más de la mitad de las denuncias de África, principalmente en las minas de cobalto y cobre.
Los sindicatos, incluidos los afiliados de IndustriALL Global Union en la RDC, Zambia y Zimbabue, están ejerciendo una fuerte presión para que se aplique rigurosamente la DDDH. Su labor de defensa hace hincapié en el escrutinio de la información divulgada por las empresas, el mapeo de riesgos y la adopción de planes de acción nacionales sobre empresas y derechos humanos, que aún no existen en la mayoría de los países africanos. Exigen normas vinculantes para garantizar condiciones comerciales justas, una mayor beneficiación local, salarios dignos y la gestión responsable del medioambiente.
Los cambios normativos más recientes están transformando la DDDH. La Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (CSDDD) de la Unión Europea, actualmente en vigor, exige que las grandes empresas que operan en la UE o exportan a ella apliquen la DDDH, en particular en lo que respecta a los efectos sobre los derechos humanos y el medioambiente a lo largo de las cadenas de valor. Esto obliga a las empresas mineras y a sus proveedores subsaharianos a reforzar sus procesos, realizar auditorías y ofrecer medidas de reparación, a riesgo de ser excluidos del mercado europeo. Las medidas complementarias de la UE sobre baterías, deforestación y minerales provenientes de zonas de conflicto añaden más niveles de escrutinio a los minerales de origen africano.
Sin embargo, los retos siguen siendo enormes: la mala gobernanza, la corrupción, la limitada capacidad de aplicación de la ley y la opacidad de las cadenas de suministro impiden una diligencia debida eficaz. En entornos de alto riesgo, como las zonas de conflicto o los sectores informales del oro en Zimbabue, la DDDH suele ser insuficiente para erradicar los daños.
En la mesa redonda, Kelly Fay Rodriguez, del CCHRDD, anunció la puesta en marcha de un proyecto específico en la República Democrática del Congo, Zambia y Zimbabue para apoyar a los mineros en las cadenas de valor de minerales críticos. Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar que las nuevas leyes internacionales de diligencia debida y las políticas comerciales redunden en beneficios para los derechos laborales, con especial atención a la libertad sindical y la negociación colectiva.
Creado en 2025 por UNI Global Union, IndustriALL Global Union, la Fundación Friedrich Ebert y la confederación sindical alemana DGB, el CCHRDD tiene la misión de utilizar los marcos de DDDH para reforzar los derechos laborales, especialmente los que habilitan la organización sindical y la negociación colectiva en las cadenas de valor globales.
La reunión concluyó con un cauto optimismo: la DDDH ofrece a las empresas mineras una herramienta para mitigar los riesgos, al tiempo que proporciona a los sindicatos y a las sociedades locales un mayor poder de negociación para lograr un desarrollo más inclusivo.
Como señaló Glen Mpufane, director de minería de IndustriALL:
“ La aplicación eficaz de la DDDH, respaldada por marcos nacionales más sólidos, la participación activa de los sindicatos y la rendición de cuentas a nivel internacional, es esencial para que la riqueza mineral se traduzca en un progreso económico genuino, en lugar de perpetuar patrones de extracción sin beneficios equitativos. ”