4 junio, 2026La Confédération des Travailleurs des Secteurs Public et Privé (CTSP) emprendió una campaña contra el fabricante de ropa Fashion Heights Limited por el impago de horas extras, la retención de documentos y las dificultades enfrentadas por varios trabajadores tras su despido. Según el sindicato, el despido de seis trabajadores filipinos pone de manifiesto un patrón más amplio de explotación de los trabajadores migrantes en Mauricio.
Fashion Heights, una franquicia internacional con más de 40 tiendas en la isla, dedicada a la venta de ropa, calzado y accesorios de marca, se enfrenta a graves acusaciones de violación de los derechos laborales. Estas acusaciones surgieron después de que un grupo de trabajadores despedidos presentara denuncias ante la CTSP.
La CTSP, afiliada a IndustriALL, gestiona el Centro de Recursos para Migrantes en Port Louis, conocido por su lucha en defensa de los derechos de los trabajadores migrantes procedentes de países como Madagascar, Bangladesh, India y Nepal. Recientemente, también ha brindado apoyo a trabajadores de Filipinas.
Despedidos, sin cobrar y obligados a abandonar el país
El 9 de enero, los trabajadores fueron despedidos durante su período de prueba. En sus cartas de despido se reconocían las obligaciones del empleador de pagar los salarios finales, las indemnizaciones por preaviso y las horas extras pendientes.
Según la CTSP, a pesar de los repetidos contactos con el Ministerio de Trabajo, los trabajadores tuvieron que abandonar el país sin haber recibido ningún pago. Durante sus últimos días en Mauricio, estas personas no percibieron ningún ingreso. Además, se les retiró el alojamiento proporcionado por el empleador y se vieron obligados a recurrir a amigos y redes de apoyo informales para poder comer y tener un techo.
Otros veinte trabajadores filipinos siguen trabajando en condiciones de explotación por temor a verse obligados a irse de Mauricio y que se les marque el pasaporte como no apto para volver a ingresar al país. Para la CTSP, estos abusos constituyen una forma de esclavitud moderna.
Los trabajadores de Fashion Heights afirman que se veían obligados a trabajar entre 10 y 12 horas al día. A mediados de diciembre, cuando se alcanzaba el pico de actividad, la jornada se prolongaba hasta unas 14 horas. No se les abonaban las horas extras, lo que supone una infracción del artículo 24 de la Ley de Derechos de los Trabajadores de 2019. Estas denuncias también se han presentado ante el Ministerio de Trabajo.
Además, según indican los trabajadores, la empresa les retenía los pasaportes y los documentos de identidad, lo que limitaba su libertad de movimiento. Las solicitudes de vacaciones anuales y licencias por enfermedad eran denegadas o desaconsejadas, lo que contraviene los artículos 45 y 46 de la misma ley. Asimismo, no se facilitaban nóminas, lo que impedía a los trabajadores verificar si sus salarios, sujetos a deducciones por concepto de comida y alojamiento, se calculaban correctamente.
Las denuncias podrían dar lugar a la repatriación
Los seis trabajadores presentaron sus denuncias formalmente. Varios de ellos siguieron trabajando por temor a perder sus ingresos, su alojamiento y a poner en peligro su situación migratoria. Una trabajadora afirma que le dijeron que presentar una queja podría provocar su repatriación y la pérdida del alojamiento proporcionado por la empresa.
En virtud de la Ley de Restricciones Laborales para los No Ciudadanos (1973), el derecho de un trabajador migrante a permanecer en Mauricio está vinculado a su empleador. Perder el empleo puede significar perder la vivienda y el derecho legal a permanecer en la isla. La CTSP sostiene que esta dependencia ofrece a los empleadores corruptos una excusa para violar los derechos laborales protegidos por la ley.
Reeaz Chuttoo, presidente de la CTSP, expresó:
“Parece que las normas laborales para los trabajadores migrantes solo existen sobre el papel. Sin embargo, el sindicato luchará para que se respeten en la práctica mediante una campaña para exigir la aplicación de la Ley de Derechos de los Trabajadores”.
Paule-France Ndessomin, secretaria regional de IndustriALL para África Subsahariana, añadió:
“Mauricio se promociona como un polo comercial regido por el Estado de derecho, pero esta no es la realidad para los trabajadores migrantes. Es necesario hacer cumplir las normas laborales internacionales y nacionales para poner fin a la explotación de los trabajadores migrantes”.