Nuestra visita a Colombia se debe a que los sindicatos de todo el mundo están alarmados por las noticias sobre el aumento de las amenazas contra sindicalistas y líderes de movimientos sociales, los ataques a las libertades democráticas, los intentos de debilitar las protecciones laborales y la creciente estigmatización de la protesta social y los sindicatos. Colombia ha logrado avances importantes en los últimos años, pero las organizaciones con las que nos reunimos nos advirtieron que estos logros se encuentran bajo una grave amenaza.
Hoy en día, nos preocupan profundamente las señales de que Colombia podría dar un paso atrás y desmantelar los derechos y las protecciones que se han logrado con tanto esfuerzo.
Durante la misión, el Consejo Global Unions se reunió con:
- Las tres confederaciones sindicales nacionales de Colombia: CUT (Central Unitaria de Trabajadores de Colombia); CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia); y CGT (Confederación General del Trabajo).
- Sindicatos sectoriales y organizaciones de trabajadores.
- Representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT-ACTRAV).
- Miembros del Congreso de Colombia, incluido el excandidato presidencial y senador Iván Cepeda.
- La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes.
- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
- Organizaciones líderes en materia de derechos humanos, entre ellas: el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CSPP) y la Defensoría del Pueblo.
- Exministros de gabinetes clave.
- Organizaciones afiliadas a las federaciones sindicales internacionales en Colombia.
En prácticamente todas las reuniones, la delegación escuchó preocupaciones sobre el aumento de la inseguridad, las amenazas contra sindicalistas y líderes sociales, los intentos de recortar los derechos laborales y la retórica del Gobierno que busca desacreditar a los sindicatos, los movimientos sociales y los trabajadores que prestan servicios públicos. También se expresó una profunda preocupación por el debilitamiento de las garantías democráticas y los riesgos crecientes para la participación ciudadana. Estas inquietudes fueron notablemente constantes entre los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos, las instituciones públicas y los representantes de la sociedad civil.
El movimiento sindical de Colombia ha pagado un precio extraordinario por su labor y por su papel como líder en la lucha por los derechos laborales, la justicia social, la democracia y la paz. Miles de sindicalistas han sido asesinados, desaparecidos, amenazados, desplazados o perseguidos por organizar a los trabajadores en el ejercicio de sus derechos fundamentales, defender los servicios públicos y el medioambiente, exigir mejores condiciones laborales y hacer frente a la desigualdad. Su lucha forma parte de la historia del movimiento sindical mundial.
Los sindicalistas y los líderes sociales se enfrentan a un aumento de las amenazas y la violencia. La nueva administración de Abelardo de la Espriella está impulsando abiertamente una agenda que busca silenciar la protesta social y estigmatizar a los líderes de la sociedad civil. Se les está pidiendo a los trabajadores que acepten la erosión de las protecciones laborales que tanto les costó conseguir. En un momento en que la democracia en todo el mundo se encuentra bajo la presión del autoritarismo, la desigualdad, el poder corporativo y la violencia, Colombia no puede permitirse volver a políticas y prácticas que socavan los derechos, el diálogo social, un proceso de paz histórico y la participación democrática.
La delegación del CGU planteó estas inquietudes directamente a la ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes. Si bien los representantes del Gobierno argumentaron que no se están revirtiendo los derechos laborales ni las garantías democráticas, la delegación dejó en claro que esas afirmaciones deben ir acompañadas de acciones concretas. Los derechos no se miden por las declaraciones de los gobernantes, sino por la realidad que viven los trabajadores y los sindicalistas. Seguiremos evaluando el progreso con base en los resultados.
Los secretarios generales de las federaciones sindicales internacionales también hicieron hincapié en que Colombia debe cumplir con sus compromisos en virtud de los Convenios n.º 87 y 98 de la OIT y garantizar que el diálogo social siga siendo la base de las políticas y prácticas laborales. La delegación le dejó claro a la ministra que seguiría de cerca las acciones del Gobierno y se mantendría alerta para velar por que Colombia cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y laborales.
La ministra de Trabajo manifestó su respeto por los derechos sindicales fundamentales, en particular el derecho de sindicalización y el derecho de negociación colectiva. Asimismo, acogió con satisfacción un diálogo social efectivo y destacó que su puerta siempre estaría abierta. Si bien estas declaraciones son positivas, nos mantendremos alertas y centrados en los resultados concretos.
La historia de Colombia constituye una clara advertencia. El mundo recuerda las décadas durante las cuales los sindicalistas fueron amenazados, perseguidos, desaparecidos y asesinados por defender los derechos de los trabajadores. Nadie debe subestimar el daño que puede causarse cuando se debilitan las instituciones democráticas y se promueven discursos antisindicales en los más altos niveles del Gobierno. Colombia no debe volver a esos capítulos oscuros de su pasado.
“Los trabajadores de Colombia no están solos. El movimiento sindical mundial seguirá de cerca los acontecimientos en los próximos meses. Seguiremos alzando la voz cada vez que se amenacen los derechos sindicales, las libertades democráticas o los derechos humanos”.
El CGU plantea las siguientes reivindicaciones:
1. Protección total para los sindicalistas y los líderes de la sociedad civil
Las autoridades colombianas deben adoptar medidas urgentes y efectivas para prevenir los delitos, la violencia, las amenazas, la intimidación y el acoso contra los dirigentes sindicales, los líderes sociales, los defensores de los derechos humanos y los activistas laborales.
Debe ponerse fin a la impunidad por los delitos cometidos contra los sindicalistas.
2. Fortalecimiento de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga
El CGU insta al Gobierno, a los empleadores y a las autoridades públicas a tomar medidas concretas para garantizar el pleno cumplimiento de los Convenios n.º 87 y 98 de la OIT. Asimismo, solicita:
- El respeto a la libertad sindical en la ley y en la práctica.
- La ampliación de la cobertura de la negociación colectiva.
- La protección contra la discriminación antisindical.
- Un diálogo social efectivo a nivel nacional, sectorial y en el lugar de trabajo.
- La defensa del derecho de huelga como elemento fundamental de las políticas y prácticas laborales.
- El fortalecimiento de las inspecciones laborales y otros mecanismos de cumplimiento para garantizar el respeto de los convenios colectivos y la legislación laboral nacional.
- La atención a las cuestiones fundamentales contenidas en los decretos derogados, incluidos los contratos de protección, el trabajo precario y basado en plataformas, así como la subcontratación, los cuales crean obstáculos significativos para el crecimiento sindical y el trabajo decente.
El CGU insta al Gobierno colombiano a adoptar las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT derivadas de su revisión de junio de 2026: protección, con la financiación adecuada, para los sindicalistas en situación de riesgo; y el castigo tanto de quienes cometen delitos como de quienes los ordenan.
3. Protección de los derechos de protesta pacífica, de reunión y de participación democrática
El CGU reafirma que los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión, libertad sindical y participación democrática son derechos humanos fundamentales y pilares esenciales de cualquier sociedad democrática.
Los trabajadores, los sindicalistas, los estudiantes, los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas, las mujeres y los movimientos sociales deben poder organizarse, movilizarse y expresarse sin temor a la violencia, la criminalización, el acoso, la vigilancia, la detención arbitraria o la intimidación.
El CGU insta al Gobierno de Colombia a:
- Garantizar el derecho de protesta pacífica y de movilización social.
- Asegurar que las respuestas de seguridad pública sean compatibles con las normas de derechos humanos.
- Prevenir la estigmatización y la criminalización de sindicalistas, líderes sociales y activistas.
- Proteger a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, a los defensores de los derechos humanos y a los observadores que cubren las manifestaciones.
- Promover el diálogo y la participación democrática como medios principales para abordar los conflictos sociales.
4. Apoyo a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición
El CGU reafirma su apoyo a la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016, en reconocimiento de que una paz sostenible requiere justicia social, trabajo justo, desarrollo rural, instituciones públicas sólidas y una participación significativa de los trabajadores y sus organizaciones.
La delegación reconoce la importante labor realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el establecimiento de la verdad y la rendición de cuentas por los delitos cometidos durante décadas de conflicto. La memoria histórica del conflicto armado, las luchas sociales y los procesos de paz es fundamental para evitar que la historia se repita y para preservar los derechos de las víctimas.
Hacemos un llamado al Gobierno y a todas las partes interesadas para que cooperen plenamente con los mecanismos de justicia transicional y garanticen que las víctimas, incluidos los sindicalistas, obtengan verdad, justicia, reparaciones y garantías de que tales violaciones nunca vuelvan a ocurrir. Asimismo, apoyamos los avances logrados en materia de reforma agraria durante el proceso de paz.
Queremos dejar muy claro que debe ponerse fin a la impunidad por los delitos cometidos contra sindicalistas, activistas de derechos humanos y líderes de la sociedad civil.
5. Garantía de una Transición Justa para los trabajadores y las comunidades
A medida que Colombia avanza en su transformación económica y en sus políticas climáticas, los trabajadores y sus sindicatos deben participar plenamente en los procesos de toma de decisiones. Las áreas ecológicas conocidas como “páramos” cumplen funciones fundamentales en la regulación del agua y la conservación de la biodiversidad. Su protección es inseparable de la garantía de acceso a servicios públicos de agua y saneamiento sostenibles y de alta calidad.
La acción climática y la transformación industrial deben generar empleos de calidad, fortalecer a las comunidades y no dejar atrás a ningún trabajador. Se debe mantener y reforzar la defensa de los ecosistemas estratégicos, los páramos, las fuentes de agua y los bienes comunes, así como la participación pública en la toma de decisiones ambientales.
6. Inversión en servicios públicos e infraestructura
Nos preocupa saber que existen planes para desmantelar instituciones estatales fundamentales, mediante el cierre, la fusión o la privatización de entidades públicas y el despido de funcionarios públicos. No estamos de acuerdo con que estas funciones se consideren un despilfarro o sean ineficientes. Estos recortes reducirán los servicios públicos que se brindan a la población, socavarán la capacidad de las instituciones democráticas para exigir rendición de cuentas al Gobierno y provocarán un encarecimiento de los servicios, ya que las entidades privadas son menos eficientes a la hora de prestar servicios esenciales. La privatización de los activos nacionales del país es perjudicial para toda la nación. Sin embargo, el presupuesto nacional recientemente publicado incluye recortes y reducciones de gastos que afectan a las entidades y organismos públicos.
Exigimos el fortalecimiento de los servicios públicos, incluida la educación pública, la atención médica, la protección social y los sistemas integrales de cuidado, como pilares de la igualdad, la justicia de género, la cohesión social y una democracia sólida. Reclamamos que se reconozca el cuidado como un derecho fundamental y una responsabilidad colectiva, junto con el reconocimiento, la reducción y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado, así como condiciones laborales dignas para los trabajadores y trabajadoras del sector del cuidado remunerado. Denunciamos cualquier intento de privatizar los servicios públicos, socavar los derechos de los trabajadores, recortar puestos de trabajo esenciales en los servicios públicos o hacerlos más precarios mediante políticas de austeridad.
7. Un compromiso inquebrantable con la solidaridad, la democracia y la justicia social
El Consejo Global Unions reafirma su solidaridad inquebrantable con los trabajadores de Colombia y sus organizaciones. Seguiremos monitoreando de cerca los acontecimientos, colaborando con las afiliadas colombianas, planteando nuestras inquietudes ante las instituciones internacionales y movilizando la fuerza del movimiento sindical mundial para responder cada vez que los derechos se vean amenazados.
No puede haber una paz duradera cuando se persigue a los sindicalistas; la democracia no puede sobrevivir si no se respetan los derechos sindicales o si se criminaliza la protesta social pacífica; y la justicia social no puede hacerse realidad cuando no se defienden el trabajo digno y los salarios justos.
No puede haber progreso social mientras los trabajadores y los líderes sociales enfrenten amenazas e intimidación. Los trabajadores de Colombia han luchado arduamente y hecho demasiados sacrificios como para ver cómo se revierten estos logros.