25 febrero, 2026Cinco años después del golpe militar, Myanmar ya no es un “destino de abastecimiento de alto riesgo”, es una economía de guerra. En este artículo de opinión conjunto, la dirigente sindical de Myanmar en el exilio, Khaing Zar, y el secretario general de IndustriALL Global Union, Atle Høie, explican por qué una salida responsable hoy es la única opción válida.
Cinco años después del golpe militar, Myanmar ya no es un “destino de abastecimiento de alto riesgo”, es una economía de guerra.
El sector de la confección sigue siendo una de las mayores fuentes de divisas fuertes de la junta militar. El Banco Mundial registró exportaciones de prendas de vestir por valor de 5500 millones de dólares en 2022. En 2023, las exportaciones se mantuvieron por encima de los 5000 millones de dólares, antes de caer a 4460 millones en 2024. Ese mismo año, solo Europa importó aproximadamente 2800 millones de euros en productos textiles y de confección de Myanmar, gran parte de los cuales entraron libres de aranceles en virtud del programa “Todo menos armas” (EBA, por sus siglas en inglés) de la UE.
Estos datos no son estadísticas comerciales neutrales, sino que representan entradas masivas de divisas en un sistema financiero estrictamente controlado por las autoridades militares.
Los medios de comunicación estatales informan de repetidas asignaciones de divisas por parte del Banco Central de Myanmar a importaciones prioritarias, como combustible y aceite de cocina. El 2 de septiembre de 2024, este organismo ordenó que hasta el 75 % de las divisas obtenidas del comercio, las exportaciones de prendas de vestir producidas bajo el sistema de corte, confección y empaque (CMP, por sus siglas en inglés) y las ventas de recursos naturales se destinaran a la importación de combustible y aceite de palma. Como explica el economista Sean Turnell en The Military, Money, and Myanmar: Breaking the Nexus, las medidas posteriores al golpe de Estado han centralizado el control de las divisas mediante conversiones forzadas, tipos de cambio múltiples, restricciones a los pagos al exterior y un estricto control de los operadores de divisas. Los ingresos por exportaciones, incluidos los procedentes de la confección, no circulan libremente en un sistema de este tipo. Son capturados y redirigidos.
Contribuyen a sostener las prioridades del régimen.
El Ejército de Myanmar sigue llevando a cabo bombardeos aéreos, reclutamientos forzados, detenciones arbitrarias y una destrucción sistemática de las comunidades civiles. Las importaciones de petróleo y combustible de doble uso son indispensables para estas operaciones. Cuando las divisas extranjeras se controlan de forma centralizada, se convierten en parte del mecanismo que permite la represión.
La comunidad internacional ha reconocido esta crisis.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto sanciones en virtud de la Orden Ejecutiva 14014 contra líderes militares y empresas vinculadas al ejército. Por su parte, la Oficina de Aplicación de Sanciones Financieras (OFSI) del Reino Unido y la Unión Europea han adoptado medidas restrictivas paralelas. Estas sanciones prohíben poner fondos o recursos económicos a disposición de determinados actores designados, con el fin de impedir que se preste ayuda financiera a la junta.
Sin embargo, estas sanciones no pueden alcanzar su objetivo si la actividad comercial en general sigue generando divisas que entran en el mismo sistema controlado. Cuando las autoridades militares capturan y reasignan las divisas, seguir adquiriendo productos de este país puede socavar los objetivos de las políticas de sanciones.
En junio de 2025, la Organización Internacional del Trabajo invocó el artículo 33 de su Constitución, una medida extraordinaria que solo se utiliza en casos de violaciones graves y persistentes. Llamó a sus Estados miembros a analizar sus relaciones con Myanmar y asegurarse de no estar contribuyendo, directa o indirectamente, a los abusos en curso.
Este análisis debe extenderse a las preferencias comerciales.
Myanmar sigue beneficiándose del régimen EBA de la UE, que concede acceso al mercado libre de aranceles a condición de que se respeten los derechos humanos fundamentales y los convenios laborales. Es evidente que esas condiciones no se cumplen. Se ha desmantelado la libertad sindical y se han prohibido los sindicatos independientes, al tiempo que los dirigentes sindicales se enfrentan a detenciones y persecuciones. Mantener el EBA en estas circunstancias envía una señal peligrosa: que los abusos sistemáticos no tienen consecuencias económicas significativas.
La UE debería iniciar inmediatamente la suspensión de las preferencias del EBA para Myanmar. No se trata de una medida contra los trabajadores, sino contra un régimen que se apropia de los ingresos procedentes del comercio. No se debe permitir que el acceso preferencial refuerce un sistema que aplasta sistemáticamente los derechos laborales.
Algunas marcas argumentan que la mejora de la diligencia debida en materia de derechos humanos les permite seguir actuando de forma responsable. Sin embargo, la diligencia debida exige que los trabajadores puedan expresarse libremente y organizarse de forma independiente. Esas condiciones no existen. Los mecanismos de control no pueden sustituir la libertad sindical. A falta de posibilidades reales de mitigación, seguir abasteciéndose en este país es cada vez más indefendible.
Cuando la mitigación es imposible, la desvinculación se vuelve necesaria, tal como lo establecen los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.
Esto no significa una salida abrupta sin garantías, sino una salida responsable.
Una salida responsable requiere preavisos, garantías salariales, indemnizaciones por despido y fondos de compensación. Requiere consultas con representantes legítimos de los trabajadores, incluidos aquellos que se encuentran en el exilio. Requiere garantías para evitar que las fábricas o los contratos se transfieran a conglomerados vinculados al Ejército.
Una salida responsable no es abandonar el país, es negarse a seguir financiando la represión.
Los trabajadores de Myanmar ya han pagado un precio muy alto por resistirse al régimen militar. Muchos se unieron al Movimiento de Desobediencia Civil. Muchos han sido despedidos, desplazados u obligados a esconderse. Lo que piden no son auditorías cosméticas, sino que los actores internacionales alineen sus decisiones económicas con sus compromisos declarados en materia de derechos humanos.
En una economía de guerra, la neutralidad es una ilusión.
Las políticas comerciales, de abastecimiento y de sanciones deben ajustarse a la realidad. Seguir con la actividad habitual mientras se intensifica la represión no es una opción neutral. Es una decisión que conlleva responsabilidad.
La credibilidad de los compromisos globales en materia de derechos laborales y humanos depende ahora de si los Gobiernos y las marcas están dispuestos a actuar en consecuencia.