1 octubre, 2026Los sindicatos canadienses, entre ellos Unifor y United Steelworkers (USW), afiliados a IndustriALL, se oponen a un nuevo proyecto de ley que permitiría al Gobierno federal detener huelgas legales sobre la base del vago criterio del “interés nacional”. Este proyecto surge apenas unos meses después de que la Corte Internacional de Justicia confirmara que el Convenio n.º 87 de la OIT, ratificado por Canadá, protege el derecho de huelga.
El Gobierno canadiense del primer ministro Mark Carney presentó en septiembre la ley denominada Building Canada Strong Act (proyecto de ley C-39). Entre otras cosas, modifica el artículo 107 del Código Laboral de Canadá. Este abarca sectores regulados a nivel federal, como el ferroviario, los puertos, las aerolíneas, las telecomunicaciones y los servicios postales.
El artículo 107 ya otorga al ministro de Trabajo amplios poderes para intervenir en conflictos laborales. El proyecto consagraría estas facultades de forma más explícita en la legislación. Una vez que haya comenzado una huelga o un cierre patronal legales, el ministro podría ordenar a la Junta de Relaciones Industriales de Canadá que disponga el regreso al trabajo, prorrogue un convenio colectivo o imponga un arbitraje vinculante.
Primero, un mediador especial debe presentar un informe sobre el conflicto. La decisión final recae en el ministro, quien solo debe considerar que el paro “afecta o puede afectar negativamente el interés nacional”. El proyecto de ley no define el interés nacional y, como señala el Congreso del Trabajo de Canadá, ningún organismo independiente debe dar su consentimiento antes de que el ministro actúe.
La presidenta nacional de Unifor, Lana Payne, expresó:
“Estas modificaciones propuestas otorgan autoridad especial al ministro de Trabajo para anular la capacidad de los trabajadores para ejercer su derecho de huelga”.
Unifor apoya algunas partes del proyecto de ley, pero se opone firmemente a la ampliación de las facultades del artículo 107 y a la aplicación del criterio del interés nacional.
El Gobierno afirma que los cambios modernizarán las relaciones laborales, mientras que los sindicatos advierten que el proyecto de ley debilitará el derecho de huelga. Desde 2023, el Gobierno federal ha recurrido al artículo 107 unas diez veces para poner fin a conflictos laborales o remitirlos a arbitraje.
Varias de estas intervenciones están siendo impugnadas ante los tribunales por constituir violaciones de la libertad sindical garantizada por la Constitución canadiense.
Marty Warren, director nacional del USW, afirmó:
“El derecho de huelga es una línea roja. El artículo 107 debería derogarse, no reescribirse para facilitar la intervención del Gobierno en huelgas legales”.
Warren advirtió que, una vez que un ministro pueda poner fin a una huelga, los empleadores tendrán pocos motivos para llegar a un acuerdo en la mesa de negociaciones.
Los sindicatos también alertan de una contradicción más profunda: la presión económica que hace que una huelga sea efectiva podría convertirse, en sí misma, en una de las razones utilizadas para justificar la intervención del Gobierno.
El derecho internacional es claro
En mayo, cuatro meses antes de que se presentara el proyecto de ley, la Corte Internacional de Justicia emitió un dictamen consultivo histórico. La Corte determinó que “el derecho de huelga de los trabajadores y sus organizaciones está protegido por el Convenio n.º 87 de la OIT”.
El Congreso del Trabajo de Canadá ha manifestado que tiene la intención de presentar una denuncia ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT si el proyecto de ley se aprueba con las restricciones propuestas.
El secretario general de IndustriALL, Atle Høie, declaró:
“La Corte Internacional de Justicia ha dejado en claro que el derecho de huelga está protegido por el derecho internacional. Canadá no puede afirmar que respeta el Convenio n.º 87 de la OIT al tiempo que otorga a un solo ministro la facultad de poner fin a cualquier huelga legal que este decida. Nos solidarizamos con nuestras afiliadas y con todos los trabajadores y trabajadoras canadienses en su exigencia de que el Parlamento elimine estas restricciones del proyecto de ley C-39”.