26 septiembre, 2011
El viernes, 23 de septiembre, concluyó en Greymouth la segunda etapa de la investigación que ejecuta la Comisión Real sobre el desastre minero que cobró tantas vidas en Pike River, Nueva Zelandia, en noviembre de 2010. Se han obtenido importantes revelaciones sobre la inepta vigilancia policial desplegada después de la tragedia y negligencia en materia de planificación y respuesta ante emergencias por parte de Pike River Coal, junto con decisiones equivocadas que han impedido hasta la fecha la recuperación de los cadáveres de los 29 mineros muertos.
La explosión ocurrida el 19 de noviembre en la mina de Pike River Coal Ltd., junto con las cinco explosiones posteriores en los días siguientes, constituyen, en 100 años de historia, el peor desastre minero registrado en Nueva Zelandia. Las investigaciones de las audiencias de la Comisión Real han logrado aclarar las graves fallas de prácticas que no tienen cabida en la minería moderna. A esta segunda serie de audiencias, que duró tres semanas, habiendo empezado el 5 de septiembre, le seguirá una tercera etapa, que comenzará en el mes de noviembre.
La comisión investigadora, que consta de tres miembros, escuchó testimonios que acusan fallos de coordinación de tiempo e información entre los supervisores de la policía a nivel local y nacional durante las operaciones de rescate y recuperación. También se enteró de la frustración de un experto del equipo de rescate minero de Queensland, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Forestales, Minería y Energía (CFMEU) de Australia, cuyo equipo llegó a Pike River en los días inmediatamente después de la explosión, al cual marginaron y dejaron fuera de la red de monitoreo de las operaciones.
Timothy Whyte, un inspector principal de seguridad del CFMEU, contó que fue testigo, el 30 de noviembre, de cómo los contratistas no hicieron caso a una advertencia de peligro, colocando poliuretano inflamable alrededor de una máquina GAG que se utilizaba para extraer gases tóxicos de la mina. El material se incendió. Whyte manifestó que se había demorado solamente una hora en apagarlo, gracias a que estaba cerca el equipo ignirretardante, pero que le quitó al equipo tiempo importante en la operación de sellado de la mina.
El panel investigador oyó también el testimonio del Director General del Servicio de Rescate Minero de Nueva Zelandia, quien manifestó que el control realizado fuera del sitio por la policía nacional en Wellington dio lugar a una “parálisis operativa”. Uno de los integrantes de la comisión, Stewart Bell, comisionado estatal de seguridad minera de Australia, preguntó a un comisionado principal de la policía: “¿Cuánto tiempo se perdió dando a los policías instrucciones de capacitación en materia minera, cuando podrían haber contado con alguien desde el principio que ya pudiera comprender la terminología usada?”
También en el período después de la tragedia se marginó al Servicio de Rescate Minero de Nueva Zelandia. El Director General de dicho servicio informó que el 21 de noviembre había aconsejado a la policía y al Ministerio del Trabajo que debían sellar la mina inmediatamente para impedir que entrara aire. Rechazaron esta idea, y a los pocos días se produjeron cinco explosiones más. Si se hubiera sellado la mina, habría sido posible rescatar más rápidamente los cadáveres.
Whyte había manifestado con anterioridad que había quedado pasmado al ver que en una de las entradas se había colocado un gran ventilador que bombeaba aire fresco al pozo durante las primeras etapas de las operaciones de rescate y recuperación.
Once de los 29 mineros muertos eran miembros del Sindicato de Trabajadores de la Ingeniería, Impresión y Manufactura (EPMU). El abogado del sindicato interrogó a los testigos sobre las políticas de seguridad de Pike River Coal Ltd. Oyó testimonios que señalaban que la empresa no había instalado suficientes pozos de ventilación como para poder evacuar a los mineros en forma mecánica en caso de emergencia. Un operario de la sala de control, cuyo hermano murió en el desastre, y que operaba las líneas telefónicas internas y externas en el momento de la explosión, señaló a la Comisión que los teléfonos para llamar al interior de la mina funcionaban a veces, y otras veces no.
Un director de seguridad y capacitación de Pike River Coal Ltd., cuyo hijo murió en la explosión, reconoció que siempre había estado preocupado que un largo pozo de ventilación constituyera la segunda vía de escape obligatoria de la mina. Se supo que se podía demorar hasta 45 minutos en subir por la escalera del pozo, y que Pike River facilitaba solamente 30 minutos de oxígeno nuevo en los respiradores de emergencia de los mineros.
La semana pasada, la última semana de la investigación, los miembros del panel oyeron el testimonio de siete familiares de los fallecidos, quienes se refirieron a la falta de comunicación eficaz por parte de las autoridades. En la última etapa de la Comisión Real de Investigación, que se realizará en noviembre, se analizará la causa del desastre.