19 mayo, 2026El 12 de mayo, el Parlamento de Mauricio votó a favor de demoler las viviendas sociales que aún contienen asbesto, lo que supone un reconocimiento largamente esperado de los riesgos que este material supone para las familias y comunidades de clase trabajadora. Para la Confédération Des Travailleurs des Secteurs Public et Privé (CTSP), afiliada a IndustriALL, así como para el Sindicato de Trabajadores de la Construcción, la Metalurgia, la Madera e Industrias Afines (CMWEU), la votación supone una reivindicación de su lucha, ya que ambas organizaciones llevan décadas haciendo campaña a favor de la demolición.
Sin embargo, los dirigentes sindicales se muestran cautelosos. Una declaración parlamentaria no equivale a una orden de demolición. Para ellos, la lucha por la eliminación de las viviendas con asbesto en Mauricio aún no ha concluido.
Según los registros históricos, cuando los ciclones Carol y Alix azotaron Mauricio en 1962, dejaron tras de sí una devastación de una magnitud que la isla rara vez había visto, con ocho víctimas mortales, más de un centenar de heridos y 100.000 personas sin hogar. Prácticamente todos los asentamientos de trabajadores que se encontraban en su camino quedaron arrasados. La respuesta del Gobierno fue rápida: se construyeron de inmediato 3113 viviendas sociales para realojar a los desplazados.
Sin embargo, el material elegido fue una mezcla de cemento y asbesto, que resultaba barato, duradero y muy utilizado en todas las colonias británicas de la época. Sesenta años después, las personas que viven en esas casas siguen pagando esa decisión con sus pulmones. En Mauricio, donde los residentes de los complejos de viviendas sociales han convivido con paneles de asbesto en mal estado durante seis décadas, es posible que el impacto total del programa de construcción de 1962 aún no se refleje en los datos de mortalidad.
Aunque Mauricio ha prohibido las importaciones de asbesto a través de la Ley de Protección del Consumidor, la Ley de Control de Sustancias Químicas Peligrosas y la Constitución, las restricciones han sido posteriormente suspendidas mediante enmiendas legislativas, una medida que los sindicatos han condenado. Además, el país no ha ratificado el Convenio 162 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el asbesto, que exige su sustitución y eliminación, la vigilancia médica y la indemnización de los trabajadores expuestos al asbesto, el derecho de los trabajadores a la información sobre los riesgos de este material, procedimientos seguros de retirada y eliminación, y la responsabilidad de los empleadores y los Estados de prevenir la exposición en su origen.
El Comité Ejecutivo de IndustriALL apoyó el llamado realizado por 12 países africanos para modificar el Convenio de Rotterdam a fin de incluir el asbesto crisótilo en la lista de productos químicos industriales peligrosos, y ha realizado manifestaciones en contra de la comercialización del asbesto.
Una muerte que lo cambió todo
Los orígenes de la campaña sindical se remontan a un caso que expuso la magnitud de lo que las autoridades habían ignorado. Claude Marguerite, sindicalista y residente de uno de los complejos de viviendas construidos con asbesto, falleció en 1999 a causa de un mesotelioma, un cáncer agresivo que afecta el revestimiento de los pulmones y la pared torácica, provocado por la exposición a esta sustancia. Tras su fallecimiento, el CMWEU acudió al Tribunal Supremo de Mauricio para obtener permiso para exhumar su cuerpo. Fue una decisión tensa tanto desde el punto de vista jurídico como emocional, pero la dirección del sindicato consideró que, sin pruebas científicas contundentes, las autoridades seguirían haciendo la vista gorda.
En colaboración con la Universidad de Mánchester, los investigadores realizaron un recuento de fibras de asbesto en 10 gramos de tejido pulmonar de Marguerite. Los resultados fueron contundentes: se identificaron 86.000 partículas de asbesto. Los hallazgos proporcionaron al sindicato las pruebas que necesitaba y desencadenaron una campaña masiva de concientización pública que obligaría al Gobierno a actuar.
Una enfermedad que no perdona
Según las directrices de la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, el asbesto no es un riesgo único, sino un conjunto de ellos. La exposición prolongada a sus fibras microscópicas, que se alojan de forma permanente en el tejido pulmonar y no pueden expulsarse, provoca una serie de enfermedades graves y mortales. El mesotelioma es la más temida: suele aparecer décadas después de la exposición, responde mal al tratamiento y tiene una tasa de supervivencia media de aproximadamente un año desde el diagnóstico. La asbestosis, una fibrosis crónica del tejido pulmonar, provoca dificultad respiratoria progresiva y no tiene cura. El riesgo de cáncer de pulmón es significativamente mayor en las personas expuestas al asbesto.
Dos décadas de silencio
En 2001, el Gobierno, en parte persuadido por la campaña sindical, accedió a encargar una investigación nacional sobre los efectos nocivos del asbesto. Se designó a John Addison, un experto en asbesto de la Mancomunidad de Naciones, para dirigirla. Anteriormente, había trabajado junto a Reeaz Chuttoo, entonces asesor técnico del CMWEU, en el desmantelamiento y la eliminación del asbesto en una fábrica de azúcar situada en Beau Plan, en el distrito norteño de Pamplemousse.
El informe nunca se ha hecho público. Ningún Gobierno, en 24 años, se ha atrevido a presentarlo en el Parlamento. La razón, según afirman los responsables sindicales, es que sus conclusiones expondrían al Estado a importantes demandas por daños y perjuicios civiles por parte de los residentes de las viviendas con asbesto, así como de las miles de personas que trabajaron en fábricas de azúcar, hospitales, escuelas y otros lugares públicos y privados donde solía utilizarse esta sustancia. El cálculo de la responsabilidad jurídica, más que la necesidad de proteger la salud pública, ha determinado el enfoque de los sucesivos Gobiernos a la hora de hacer público el informe Addison.
“Esta es una declaración de buenas intenciones por parte del Gobierno de Mauricio. Seguiremos de cerca cada etapa de su implementación. Una votación no es una demolición. Estaremos en las calles, en los tribunales y en el Parlamento hasta que se retire el último panel de asbesto y se indemnice a las familias y comunidades”,
expresó Chuttoo, actual presidente de la CTSP.
Paule-France Ndessomin, secretaria regional de IndustriALL para África Subsahariana, subrayó:
“El Convenio 162 sobre el asbesto establece claramente que los Estados deben proteger a los trabajadores de la exposición, indemnizar a las personas damnificadas y eliminar el peligro en su origen. Mauricio tiene la obligación, no la opción, de demoler estas viviendas, rendir cuentas ante las familias y comunidades afectadas y hacer público el informe Addison”.